Una de las iniciativas más importantes contempladas en el punto 2 del acuerdo final para una paz estable y duradera con las Farc, fue la creación de 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes, por dos períodos constitucionales, con el fin de asegurar representación política a las comunidades de los territorios más afectados por la violencia.
Al final se incluyeron 170 municipios en esa categoría, seleccionados técnicamente con criterios como el nivel de conflictividad, el número de víctimas que allí vivían, el índice de necesidades básicas insatisfechas y el aislamiento de los centros urbanos. Esos mismos municipios se seleccionaron para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
La idea entonces fue que más de 6 millones de colombianos, habitantes de esas zonas, recibieran una atención especial del estado durante la implementación del acuerdo, en materia de inversión pública y desarrollo, y que al mismo tiempo sus comunidades eligieran unos voceros propios en el Congreso para hacer seguimiento a esos planes locales y exigir su cumplimiento.
El Centro Democrático desde el mismo momento que se divulgó el acuerdo en materia de participación política, que incluía esta novedosa figura que hace justicia a los colombianos más afectados por la violencia y la pobreza, resolvió oponerse con mentiras y estigmatizarla. Las calificaron como curules para las Farc y no para las comunidades y tuvieron éxito en su propósito en importantes sectores de la opinión pública. En ninguna parte del texto del acuerdo, ni del proyecto de acto legislativo que se presentó en su momento al Congreso, se abría la posibilidad que ellos señalaban, es más, se excluía la participación del partido de las Farc en la elección de esas circunscripciones. Sin embargo, con el falaz argumento de que en esos territorios las Farc dominaban la comunidad, se inició una sistemática campaña de desprestigio contra las circunscripciones de paz.
Ya en las discusiones en el Congreso, ante el debilitamiento de las mayorías con la implementación del acuerdo de paz, se introdujeron modificaciones para que sólo pudieran ser elegidos en esas cúrules víctimas del conflicto armado reconocidas en el registro único previsto en la Ley 1448. A pesar de estos cambios, la votación de la conciliación del acto legislativo fue muy apretada y se suscitó un duro debate jurídico sobre si los 50 votos obtenidos en el Senado eran suficientes para su aprobación definitiva.
Han pasado exactamente 2 años después de ese episodio y hoy están a punto de fallo dos procesos paralelos que tienen como propósito común que la justicia defina que ese proyecto de acto legislativo SI fue aprobado con los 50 votos. Cuando la Corte Constitucional estudió la ley estatutaria de la JEP y sus posteriores objeciones, adoptó una posición en esa misma línea jurisprudencial con respecto a las mayorías necesarias. En la Sección Primera del Consejo de Estado está en el orden del día para fallo definitivo una demanda interpuesta por el ex ministro Guillermo Rivera, a la cual se ha opuesto la agencia de defensa del estado. Y en la Corte se acaba de seleccionar una tutela del senador Roy Barreras que busca lo mismo. El pronóstico es ampliamente favorable en las dos cortes, teniendo en cuenta el precedente de la Corte Constitucional mencionado.
Ahora el gobierno con bombos y platillos, y de una manera engañosa, anuncia que presentará en marzo un nuevo proyecto de reforma constitucional para crear las circunscripciones. Simple y sencillamente es una trampa. Adoptan esa decisión porque saben que al final, a pesar de todas las trabas que ellos mismo han puesto a los procesos judiciales, las altas cortes tomarán decisión en poco tiempo, seguramente a favor de las víctimas por los precedentes señalados. Si realmente el gobierno ha rectificado su posición en este tema y quiere atender el clamor de millones de compatriotas en esos territorios abandonados, y de más de 8 millones de compatriotas víctimas de la guerra, debería promulgar el acto legislativo aprobado hace dos años y enviarlo a control automático de la Corte Constitucional. Sería una actitud que aplaudiríamos todos, con excepción de los sectores radicales de su partido, que siguen insistiendo contra toda evidencia que son cúrules para las Farc. Estos nuevos 16 Representantes se elegirían democráticamente y el partido de las Farc, además de estar excluido de esta elección, perdió hace año y medio en todos los municipios que están incluidos en esas circunscripciones. Con seguridad el Castrochavismo no se tomará esos municipios, como tampoco se tomó el país en las pasadas elecciones tal y como nos anunciaban falsamente quienes se opusieron sistemáticamente al acuerdo de paz.
