Cuatro años de la firma del pacto de Santos con las Farc. Sabemos que las promesas de alcanzar “la paz”, terminar el conflicto, disminuir la violencia homicida y una “Colombia sin coca”, no solo no se han cumplido sino que hoy la situación es peor que antes del acuerdo.
Pero el análisis debe hacerse también desde los compromisos adquiridos por las Farc a cambio de los inmensos beneficios judiciales, políticos, económicos y reputacionales que recibieron.
Esas obligaciones fueron sencillas: justicia alternativa, contar la verdad, no reincidir en la violencia y el crimen y reparar a las víctimas. Es sobre este último punto que quiero hacer hoy una reflexión, a partir de la alarma que prendiera Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización, en el foro que sobre “la paz” hiciera la Universidad Militar Nueva Granada.
Las Farc presentaron en julio y agosto de 2017 un inventario de bienes que entregarían para reparar. Un inventario que, hay que recordarlo, fue objeto de polémica por múltiples razones, desde que no se identificaban con precisión ni se determinaba la ubicación de los bienes que se entregarían hasta que incluía objetos como traperos, escobas, baldes, talcos, sartenes y similares, entre otras curiosidades como carreteras o haber realizado “extracción de venas várices” o una “cirugía de cavidad de pene a un joven” (sí, leyó bien) actividades que, aún en el caso en que efectivamente hubiesen sido realizadas por los bandidos, nunca podrían monetizarse.
Pues bien, los bienes monetizables tenían un valor, según las Farc, de 548 mil millones de pesos. Entre lo que reportaron estaban 12 mil millones de pesos en efectivo, 24.456 cabezas de ganado y 319 vehículos. Hasta la penúltima semana de noviembre, solo habían entregado 2 mil millones de pesos y 448 mil dólares, 229 semovientes y 4 vehículos, 2 de ellos chatarra. El valor de todos estos bienes entregados es de 4.069 millones de pesos. Además, reportaron 722 inmuebles y solo han entregado 8 y ofrecieron entregar 440 kilos de oro y han dado 229, avaluados en 34 mil millones. Entre todo, las Farc solo han entregado el 7% de lo que reportaron como monetizable.
La fecha para la entrega de todos los bienes era el 31 de julio. El Gobierno, por la pandemia, les amplió el plazo hasta el 31 de diciembre. Todo indica que las Farc no cumplirán con lo ofrecido. De hecho, ya advirtieron que no iban a entregar, alegando diferentes motivos, 10 mil millones de pesos, 17.533 cabezas de ganado, 200 inmuebles y 157 vehículos. Y seguramente entregarán muy poco de los demás pendientes.
Mientras tanto, se conoció que desde mayo del 2018, en el Gobierno y en la Fiscalía colombianas, hay información entregada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la intención de las Farc de lavar 500 millones de dólares a través de operaciones financieras en Grecia y Turquía. Ese dinero está en Colombia, parte del mismo encajetado en la selva.
No sobra recordar que las Farc eran antes del pacto con Santos la organización mafiosa más grande y poderosa del planeta. Sus ingresos por narcotráfico, en décadas de dedicarse al lucrativo negocio, fueron de miles de millones de dólares. A ellos hay que agregar los que recibieron por sus otras actividades delincuenciales, como la minería ilegal o el secuestro y la extorsión. Por mucho que hayan gastado en el mantenimiento de su empresa criminal, el acumulado ha debido ser multimillonario. Sin embargo, para reparar a las víctimas, apenas se comprometieron a entregar dineros y bienes por valor de 150 millones de dólares y solo han entregado efectivamente 10,5 millones de dólares. Mientras tanto, buscan lavar activos por medio billón de dólares.
Estoy seguro de que los defensores del “mejor acuerdo posible” no dirán ni mu sobre que las Farc no reparen y este nuevo incumplimiento. Pasarán agachados, como es costumbre. La pregunta, sin embargo, es qué harán el 1 de enero, cuando se confirme el incumplimiento, el Gobierno nacional y, en especial, la JEP. Porque lo que no puede pasar es que, como viene ocurriendo, no pase nada.
