Mientras se atornilla el régimen antidemocrático en Venezuela, Cúcuta sufre las consecuencias indirectas y siente de primera mano el coletazo de la situación del vecino país. La ciudad está en completa crisis: Social, de seguridad, de empleo, política e institucional. Al mismo tiempo que todo esto sucede, unos bribones planean dejarnos endeudados por espejos e imágenes oníricas que no apuntan a solucionar los verdaderos, complejos y profundos problemas del municipio.
El martes pasado el Concejo de Cúcuta aprobó el Plan de Desarrollo 2016-2019 que establece los lineamientos de trabajo de las entidades públicas municipales. Uno de los aspectos más importantes (e inquietantes) de este documento fue el aplauso a las veintinueve megaproyectos que se espera construir en la ciudad. La creación de dos miradores, un parque de atracciones mecánicas y la ampliación del centro comercial a cielo abierto hacen parte de este grupo de reformas e innovaciones de infraestructura que podrían dejarnos endeudados por más de diez años.
En 2011, la deuda pública de Cúcuta valía sesenta y dos mil millones de pesos, en 2012 no incrementó esta cifra porque no hubo endeudamientos con entidades financieras en dicha vigencia, y en el año siguiente las acreencias llegaron a los cuarenta y dos mil millones de pesos. Además, en ese año, el municipio ocupó el puesto ciento setenta y cinco de mil tres, por su desempeño fiscal. En esta clasificación obtuvimos un desempeño peor que el de Los Patios, Gramalote y Toledo, según reportes de la Contraloría General de la República. A partir de allí, se fueron pagando entre seis mil y diez mil millones de pesos anuales por la deuda. La deuda pública sigue vigente y parece que aumentará.
El costo total de las megaobras, sin tener en cuenta posibles adiciones a los contratos, es de setecientos setenta mil millones de pesos (aproximadamente). Los defensores de este plan indicaron que esta cifra se obtendría de recursos mixtos, SGP, carga tributaria y valorización. No obstante, dicha afirmación no es correcta. Luego de estudiar profundamente las cifras reportadas por la Contraloría General de la República y la Contraloría Municipal, es posible afirmar que no es posible financiar ni siquiera la mitad de las veintinueve megaobras mediante ingresos tributarios, debido a que estos ingresos, en 4 años, no superarían los 400 mil millones; y las obras valen 780 mil. Por valorización se podrían recolectar 30 mil millones más. Pero, ¿y el resto?
No es una pregunta retórica, el resto, al igual que cuando se realizaron los primeros megaproyectos de Cúcuta, trajeron muchas deudas. En esta nueva ola de megaobras, el residuo necesario (350 mil millones de pesos) se obtendría de préstamos, lo cual aumentaría la deuda pública de nuestro municipio y pasaríamos de los gozosos a los dolorosos.
El problema no sólo radica en el alto costo de los megaproyectos que se realizarían bajo el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 aprobado por unanimidad por el Concejo de Cúcuta, también es visible si se tienen en cuenta las decenas de necesidades urgentes y necesidades básicas insatisfechas que se presentan en la ciudad y que requieren pronta intervención: El arreglo de la malla vial (con un costo aproximado de 1 billón de pesos), el mejoramiento del alcantarillado que se ve en crisis cada vez que hay un chubasco; la transformación de la calidad educativa y el acompañamiento alimenticio en las instituciones educativas; y el socorro que piden los establecimientos de la salud, asuntos que no se pueden dejar a un lado por la construcción de un parque de atracciones.
La prioridad en Cúcuta es crear industria y empleo sostenible que facilite oportunidades para la población, que fortalezca las filas de la formalidad y de un impulso a los balances financieros de la ciudad, a la vez que va forjando las vías para erradicar la dependencia que se tenía hacia el vecino país. Sin embargo, setecientos setenta mil millones de pesos no son la respuesta para la crisis que se vive, además de que es una cifra que no es posible pagar en la ciudad en este momento.