La esperanza es una energía fundamental para la existencia. Su aproximación al realismo muestra su viabilidad, lo cual la hace más poderosa. Vamos a tener la vacuna contra el Covid19, lo cual constituye un avance impresionante de la ciencia, porque en menos de un año se la produjo.

De cierta forma, somos una generación privilegiada, si nos comparamos con aquellas que padecieron la peste negra o bubónica en 1348; la viruela, que acabó con el 75% de la población indígena durante la Conquista de América; el cólera, que hizo estragos en Europa a partir de 1832; o la gripe española de 1918, que dejó más de 50 millones de muertes. Milenios se demoró la vacuna contra la viruela, y cinco siglos la que acabó la peste bubónica, mientras otras epidemias, como la del Sida, siguen sin vacuna.  Claro que sí, somos una generación privilegiada, a pesar de haber llorado la partida de 1,7 millones de seres entre los que se cuentan entrañables amigos.

El realismo, sin embargo, conduce a la distribución de las vacunas, que muestra una brecha enorme entre países ricos y pobres. Es la gran bofetada del capitalismo moderno, que carece de rostro humano. La OMS no tiene poder para intervenir y hacer justicia, y las palabras del Papa Francisco por los desfavorecidos no se traducen en acción.

Los países ricos, que representan el 14% de la población mundial, acapararán las vacunas. Según Unicef y Duke University, que han estudiado los contratos en curso, la Unión Europea tendrá dosis para inmunizar a los suyos dos veces, los Estados Unidos y Gran Bretaña cuatro veces, y Canadá hasta seis veces. Los EstadosUnidos, por ejemplo, compraron inicialmente 100 millones de vacunas Pfizer, con opción de otras 500 millones, y aseguraron con Moderna una primera entrega de 200 millones de dosis, que se complementarían con 300 millones. Además, tienen compromisos con AstraZeneca-Oxford, Johnson and Johnson, Novavax y Sanofi por 810 millones de dosis. En total,  más de 1600 millones de vacunas para una población de 340 millones.   

Los países poderosos argumentan prelación porque financiaron la investigación para producir la vacuna. Qué lejos estamos de un mundo solidario, o de una Constitución global en donde la igualdad de oportunidades sea un principio respetado. Ya podemos imaginarnos las guerras por el agua dentro de 80 años.

Ante semejante inequidad, la OMS montó el programa COVAX, que permitirá adquirir 1000 millones de vacunas de AstraZeneca y Novavax, dado que son más baratas. Esas dosis, distribuidas entre 92 países, sólo les permitirán inmunizar al 20% de su población. En este paquete multilateral, a Colombia le corresponderán 20 millones de vacunas, suficientes para 10 millones de personas, puesto que cada una necesitará dos dosis.

Esta dura realidad que envuelve al Tercer Mundo, hizo que algunos países, así fuera endeudándose, suscribieran acuerdos con determinadas farmacéuticas. Colombia lo hizo, dados los devastadores estragos de la pandemia. Nosotros representamos el 0,6% de la población mundial, pero tenemos el 1,94% del total de contagios, tres veces más de lo que somos proporcionalmente, y ocupamos el puesto 11 en fallecidos. De manera que 82 millones de dólares se comprometieron con AstraZeneca para 10 millones de dosis, y 123 millones de dólares con Pfizer para otras 10 millones de vacunas. En total, tendremos 40 millones de dosis que servirán para inmunizar a 20 millones de colombianos, o sea al 40% de la población.

 No obstante esta amplificada noticia, se necesitarán otros convenios para vacunar al 60% restante de la población colombiana, y mucha presión para doblegar el acaparamiento de los países ricos. Ojalá las farmacéuticas nos cumplan, pues su capacidad productiva está desbordada, y ya son múltiples los reclamos por incumplimiento.

Mientras continúan los estragos de la pandemia, debemos ser socialmente responsables y cuidarnos. Y frente a la esperanza que generan las vacunas, nada mejor que demandar del gobierno total transparencia en los contratos, los tiempos de distribución y la cobertura. El momento exige solidaridad social y prevalencia del interés general.