Lo ocurrido en Guatemala, en donde casi no dejan posesionar al presidente elegido por el pueblo, Bernardo Arévalo de León, no fue otra cosa que un abierto y grave intento de golpe de Estado. Tras la elección, en agosto de 2023, el Tribunal Supremo Electoral había oficializado los resultados. Según lo informado entonces, el organismo competente hizo constar que el binomio presidencial del Partido Movimiento Semilla -candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, César Bernardo Arévalo De León y Karin Larisa Herrera Aguilar- había obtenido 2,442,718 votos, que representaba un 60% del total de votos válidos obtenidos en las urnas, sobre el 39% de votos obtenidos por el binomio del partido contrario, Unidad Nacional de la Esperanza.
Pero, de acuerdo con lo transmitido en medios de comunicación, la derecha gobernante intentó desconocer los resultados, y después -en septiembre- se informaba sobre una manipulación judicial por parte de la Fiscalía guatemalteca, que -sin fundamento- pidió anular las elecciones. Ello fue señalado por la OEA como "intento de golpe de Estado" a la vez que el Tribunal Electoral ratificó los resultados oficializados y expresó que eran inalterables.
El 14 de enero de 2024, cuando faltaban pocas horas para que tuviera lugar el acto solemne en que el nuevo jefe de Estado prestaría juramento -al que asistirían numerosos jefes de Estado, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y el rey Felipe VI de España-, se informó que una decisión judicial sostenía la ilegitimidad del partido Semilla, al que pertenece el presidente.
Es decir -a juicio de muchos-, con el fin de impedir la posesión del presidente electo, se acudió a lo que, en varios países se conoce como “LAWFARE”, que significa “guerra jurídica”, nada distinto del uso político -ante o desde la administración de justicia- para debilitar, perjudicar o inhabilitar al contrario. Es la utilización de las denuncias, investigaciones o procesos judiciales como arma política, lo cual no solamente es de una enorme bajeza -en lo político- sino un delito -prevaricato-, si es orquestado, dirigido o ejecutado por funcionarios judiciales o fiscales.
Los hechos posteriores, de acuerdo con lo conocido en medios y redes, fueron todavía más vergonzosos: se impedía a los congresistas elegidos acudir oficialmente a la toma de posesión, e inclusive, se pudo ver a varios de ellos encerrados con candado en un salón, para evitar su asistencia.
Hubo protesta pública ante la sede del Congreso. Transcurrieron varias horas sin que el juramento solemne de los elegidos -presidente y vicepresidenta- pudiera tener lugar. Ello ocurrió solamente en la madrugada del día 15.
Aunque algunos mandatarios tuvieron que abandonar Guatemala, el presidente Gustavo Petro estuvo presente, apoyó el necesario respeto a lo decidido en las urnas y esperó hasta ver posesionados a los funcionarios electos. Ese fue un gesto importante, a favor de la democracia y del Estado de Derecho.
La oposición política es válida. Debe gozar de todas las garantías, que en Colombia y muchas naciones están previstas. Así debe ser. Pero una cosa es la oposición, con sentido democrático, y otra distinta el golpe de Estado, de suyo antidemocrático, ilegítimo y delictivo.
