Un fallo reciente del Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta (4 de mayo de 2026) dio la razón a los vecinos del barrio Rudesindo Soto, que mediante una Acción Popular exigen al Municipio garantizar su conexión a los servicios públicos de agua y gas.

Las empresas de servicios públicos quisieran venderle a todo el mundo. Todas buscan más clientes y no debería mediar un fallo judicial para facilitar semejante pretensión tan obvia. Sin embargo, las redes de agua y gas necesitan estabilidad geológica como se supone que ocurre en cualquier lugar donde un barrio exista.

No es el caso de Cúcuta. Nuestro problema más grave como ciudad, en el que poco reparamos, es la informalidad en la ocupación y la tenencia de la tierra urbana. Expertos coinciden en que junto con Soacha y Soledad estamos en la cúspide nacional del problema. Media Cúcuta mal contada es el resultado de procesos de ocupación informal de tierras, por lo que es común encontrar un barrio construido en una zona con riesgo geológico.

Ese es el contexto del fallo aludido. 170 barrios cucuteños según el Plan de Desarrollo actual, son “asentamientos humanos”, fruto del desarrollo inmobiliario informal. Todos están pendientes de ser “legalizados”, lo que significa algo así como un licenciamiento a posteriori, después que casi todo quedó mal hecho. Y es que la ocupación informal no señala nomenclaturas, ni otorga zonas de cesión para parques o para la infraestructura institucional propia de cualquier barrio bien hecho. El proceso de legalización implica entonces estudios y actuaciones para enmendar esas fallas, comenzando por estudiar la geología del barrio, estableciendo si está en zona de alto riesgo, y si así ocurre, mitigando lo que sea posible.

Por eso las empresas de servicios públicos, especialmente las de acueducto y gas que deben enterrar tuberías, usualmente condicionan la extensión de sus redes a la culminación de los estudios de geología asociados a los procesos de legalización. Entretanto, en el caso del acueducto, apenas garantizan el abastecimiento vital mediante el sistema de pilas públicas, tan común en muchos barrios de Cúcuta.

El Juzgado Tercero Administrativo ordenó al Municipio tramitar con mayor celeridad la legalización de Rudesindo Soto, adelantando los estudios y valoraciones urbanísticas propias del proceso de legalización, tan dispendiosas y caras como necesarias. Si el fallo es confirmado, quedará sentado un precedente que obligará al Municipio a mostrar mayor compromiso con los 170 casos de legalización pendientes.

Estando el caso ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en vista de la apelación presentada por el apoderado judicial del Municipio, que no comparto, la Contraloría Municipal de Cúcuta solicitará a la Defensoría del Pueblo apoyo a los vecinos de Rudesindo Soto, porque en el fondo de este caso está el que a mi juicio es el principal problema de la ciudad, del que casi nadie habla: la ocupación y la tenencia informal del suelo urbano. Es una de las razones por las que la mayor parte de los predios de Cúcuta tributan muy poco por impuesto predial, afectando fiscalmente la ciudad, y por la que miles de familias carecen de garantías inmobiliarias sólidas para acceder al crédito formal, quedando en manos de los paga diarios. Es un problema grave y complejo que seguiremos discutiendo.

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