Mientras el pueblo indígena u’wa celebra la decisión del Consejo de Estado, que tumbó la licencia ambiental de 2012 con la que Ecopetrol pretendía explorar petróleo en Toledo, la decisión genera preocupación en sectores, porque se perdería una oportunidad en materia energética.

La estatal no podrá desarrollar el Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes, que estaba a 270 metros del resguardo aborigen.

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Para el presidente de la Fundación Xua Energy, Julio César Vera, con la medida judicial, se pierde en forma casi definitiva la oportunidad para Ecopetrol de “perforar un área con un potencial interesante” en materia de petróleo y gas y que le daría continuidad al campo Gibraltar, que se explota en el área desde hace más de 20 años.

Además, dijo a La Opinión que el impulso a este proyecto representaba la generación de importantes recursos en regalías y desarrollo regional.

“En estos momentos, inclusive antes del fallo, Ecopetrol había casi que descartado el desarrollo de ese proyecto por la complejidad que implica, debido a las posiciones radicales de la comunidad u’wa”, añadió el experto en materia energética.

Julio César Vera señaló que la compañía tendrá que analizar y definir prontamente si avanza con la consulta previa respectiva del proyecto, lo cual no se hizo y motivó su desautorización, o lo cancela en forma definitiva.

“Retirarlo no sería una buena noticia para el país, en un momento en el que las reservas de petróleo y gas y la producción están con tendencia a la baja”, recalcó el presidente de Xua Energy.

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¿Qué implica el fallo?

El abogado Santiago Soto Luna, especialista en Derecho Minero Energético, aseguró que el fallo no es otra cosa que la confirmación de que debe reformarse y engranarse las diferentes instancias de licenciamiento, consultas y demás trámites administrativos, así como las instancias judiciales que resuelven controversias al respecto. 

Soto resaltó que, en principio, la compañía hizo una inversión y tomó decisiones operativas basadas en una información que le suministró las entidades competentes que, para el caso, son la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

“Sin embargo, tras un proceso de 10 años y de una medida cautelar que suspende el proyecto, la alta corte indica que sí se debía hacer consulta previa, contrario a lo que señaló la ANLA, y deja sin efectos una licencia aprobada”, agregó el experto.

Santiago Soto manifestó que si este tipo de procesos sucede con empresas de capital privado, es una mala señal que se puede traducir en un desincentivo a la inversión en la actividad extractiva.

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Expresó que, dejando a un lado las razones del Consejo de Estado para sustentar su fallo, lo que debe atenderse son los trámites con sus respectivos tiempos, pues, es hoy donde está la piedra en el camino de las operadoras del sector minero y energético.

El proyecto

El APE Magallanes, suspendido desde 2014, autorizaba a Ecopetrol a construir en el corregimiento Samoré una plataforma para perforar hasta tres pozos exploratorios, vías de acceso, un helipuerto, facilitar la producción, realizar pruebas de extracción y ejecutar luego labores de restauración ambiental.

No obstante, para el Consejo de Estado, “durante el licenciamiento ambiental del proyecto, no se agotó esta etapa de diálogo con el grupo aborigen, lo que vició la legalidad del acto administrativo demandado”, considerando que la omisión no fue un simple error técnico, sino el desconocimiento la relación espiritual, cultural y social de la comunidad con el territorio.

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