A raíz de la amenaza de Los Patios y Villa del Rosario de retirarse del área metropolitana de Cúcuta, es de actualidad entender el fenómeno metropolitano frente a la realidad municipal, en el estadio político que vivimos en el país.
El fenómeno metropolitano es de carácter físico y social, proviene del aumento creciente de la población y de un proceso urbanizador acelerado, que ha llevado al planeta a que más de la mitad de su población sea hoy urbana, en promedio. En muchos países es bastante mayor y en el área metropolitana de Cúcuta, menos del 10% de los habitantes viven en zonas rurales. No es producto de una decisión política, sino que la realidad físico-social ha llevado a reconocer la validez política del hecho metropolitano. Hacia el futuro, se espera el desarrollo de megaurbes, como la del norte de la costa este de los Estados Unidos, con la “integración Boston-Nueva York-Washington” con más de 60 millones de habitantes, o una pequeña en comparación con ese monstruo, la urbe transnacional Cúcuta-San Cristóbal de 2 millones de habitantes.
Por eso los estudios indican que la planeación, para que sea efectiva, debe ser de carácter metropolitano y en el nuevo modelo de planeación urbana, llamado de desarrollo orientado por el transporte (con siglas en inglés TOD), debe integrarse la planeación del transporte con la del uso del suelo urbano. En consecuencia, las áreas metropolitanas deberían ser una realidad actuante en este sentido, disponiendo de entes metropolitanos que actúen como verdaderas autoridades metropolitanas en el tránsito integrado, la planeación de usos del suelo y lo ambiental. Para lograr realmente metas reales de desarrollo urbano es condición primaria que lo metropolitano supere a lo municipal, al menos en esos tres ejes. Deben ser entidades con dientes, no nominales como las que hay hoy.
Pero esa realidad físico-social rompe contra una realidad política de feudos municipales cooptados por la concepción imperante del estado como botín, en donde cada alcalde quiere contar con su propio feudo donde disponga de puestos, contratos y “mecanismos legales” como el plan de ordenamiento territorial para “negociar” el uso del suelo. Es por eso que cada vez se piden más municipios, porque esa atomización política permite montar “centros de explotación” política, a la manera de hacer gestión pública en Colombia.
En este caso no sé quien tenga la razón, lo que estoy seguro es que ningún alcalde del área metropolitana está dispuesto a “ceder su autoridad” municipal en aras del bien común metropolitano. No es coincidencia que la única área metropolitana jurídicamente reconocida, que ha avanzado en una integración efectiva sea la del Valle de Aburrá y que Bogotá no haya sido capaz de crear un área metropolitana con reconocimiento legal. Y que Medellín sea ejemplo de planeación y Bogotá de caos.
Debería existir en las áreas metropolitanas un alcalde metropolitano y unos alcaldes municipales supeditados a este, que pueda ejecutar una real planificación de alcance regional. Una ley así no pasa en el congreso, y si lo hace es para crear más burocracia, y contaría con el voto en contra de todos nuestros parlamentarios. Es triste, pero el desarrollo empieza por cambiar el modelo político, pero por las buenas no se puede, como se ve tan pavorosamente hoy en Venezuela.
