En medio de la Conferencia sobre biodiversidad de la ONU (COP 16) que más allá de su contenido que poco entienden los colombianos por sus afugias diarias, le permitió a Cali y el Valle del Cauca sacar la cabeza, por lo menos dos semanas, luego de tantas dificultades en los últimos años, el país sigue y los temas continúan.

Esta semana, el Congreso de la Republica continúa su trasegar legislativo que contiene varias iniciativas que generan controversia. Destacaría tres. La primera, tiene que ver con la reforma a la justicia que más allá de tener esa pretensión se circunscribe a la modificación de criterios sobre el principio de oportunidad y la búsqueda de mecanismos de agilización de los procesos penales. El lunar es la inclusión de una norma que pretende que cuando existan preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y los imputados o acusados por delitos cometidos contra menores como el acceso carnal violento se logre la mitad de la rebaja de las penas que se encuentran en el Código de infancia y adolescencia.

Esta norma ya recibió críticas muy fuertes por parte de congresistas y la opinión pública derivado de la coyuntura de los miserables asesinatos de dos menores en los últimos días. Sobra recordar que cualquier norma que se apruebe en el Congreso que beneficie estos preacuerdos lleva a que por aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal se le aplique a los condenados que por esos delitos que hubieren aceptado cargos.

Un segundo aspecto, tiene que ver con la insistencia del gobierno en tramitar la reforma a la salud. El empecinamiento es inaceptable. Este gobierno no busca consensos con los sectores, sino atropellamiento. Hoy el sistema de salud está quebrado porque el gobierno al no girar los recursos lo puso en estado de coma. Curiosamente los maestros que tanto apoyaron y siguen apoyando a Petro, se están muriendo en las puertas de los hospitales por la aniquilación de su servicio de salud cuyo modelo se quiere replicar en la reforma. Como dice el refrán popular: “ Mal paga el diablo al que mejor le sirve”.

Por último, ha generado en los últimos días una gran discusión nacional el proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que pretende subir del 23,8 % al 46,5% los ingresos corrientes de la nación para que los municipios y departamentos puedan atender necesidades en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. La discusión gira sobre la viabilidad fiscal de la misma y sobre su incidencia en las finanzas públicas.

En ese sentido es necesario tomar en consideración tres cosas. La primera, la necesidad que las regiones pueden ser beneficiarias de una verdadera descentralización. La segunda, una clara definición de las competencias que se transfieren del poder central al territorial. Y, por último, un cálculo preciso de ese valor para no terminar inviabilizando económicamente la propuesta.

En síntesis, tres proyectos que deben seguirse con atención en el Congreso. Los errores legislativos serán difíciles de corregir después de que este gobierno se vaya en el 2026 porque el daño a muchos sectores será estructural. Mucha atención a todo lo que se viene.

@FBarbosaDelgado

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