En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el 30 de agosto del año que viene, debe congregar a los colombianos otra gran celebración: se trata de los 200 años de haber sido expedida la primera Carta Magna y de haber nacido formalmente la República, en la Villa del Rosario de Cúcuta.
Es la gran oportunidad para rescatar la historia, y hacer un verdadero balance que nos permita vislumbrar con toda claridad cómo ha sido el acontecer de nuestro estatuto fundamental y cómo ha sido en verdad su aplicación, frente a los grandes requerimientos del país y de todos los colombianos, a través de su vida como Estado independiente.
Nos hemos paseado durante estos dos siglos por toda una gana de normas constitucionales que han amparado ideologías varias y que han dado cabida a multitud de eventos circunstanciales, en donde es bueno examinar cuál ha sido el verdadero balance de las normas que nos han amparado y que han dirigido la existencia de todas las generaciones de colombianos.
El mundo académico, y desde luego toda la comunidad ciudadana, tendrán la oportunidad para examinar y opinar sobre todos estos asuntos, pues precisamente uno de los fines del análisis histórico, es el de poder deducir errores y aciertos y estar en condiciones de proyectar un futuro en la mejor forma, y bajo los más claros y favorables auspicios.
Un ordenamiento constitucional, es una carta de navegación para cualquier país, y constituye el marco fundamental que encierra lo que está permitido y lo que no, dentro de un cuerpo conceptual que define principios y derechos, así como aspectos atinentes a la concepción del Estado.
Las normas jurídicas tienen su propia dinámica y requieren ser actualizadas de acuerdo al paso del tiempo y a la presencia de análisis que indiquen nuevos escenarios de actuación. Una cosa que pudo ser válida hace unas décadas, o apenas unos años, ahora puede ser obsoleta y requiere de actualización normativa, para que el ciudadano pueda contar con herramientas de protección que le permitan recibir a plenitud los beneficios que debe dispensar el Estado.
Por eso es que, de aquí al 30 de agosto del año entrante, debe abrirse este foro y dar cabida a un verdadero análisis que permita robustecer el escenario de nuestra Constitución.
Este bicentenario que se advierte, debe ir mucho más allá de una conmemoración pomposa y servir para que los colombianos todos, podamos entender a cabalidad el ordenamiento que nos rige y todas aquellas cosas que sea necesario proyectar hacia el futuro.