En los procesos adelantados por el Tribunal Militar Internacional, creado para procesar al estado alemán fascista, y adelantados en Nuremberg, Baviera, entre 1945 y 1946, el proceso principal fue el llevado a cabo contra los máximos jerarcas nazis. Hubo otros procesos, como por ejemplo, contra los juristas, los médicos, los entes considerados criminales en sí mismos, como la policía secreta (Gestapo) y su brazo especial, las SS, y en general, todo el estado criminal precedido por Adolfo Hitler. Este tribunal, el precursor de la hoy más bien "limitada" Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, en su principal proceso juzgó los máximos jerarcas nazis, todos considerados criminales, y acusados de cuatro cargos, conspiración para iniciar una guerra, crímenes contra La Paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo a los dos militares de más alto rango, de las en ese momento extintas fuerzas militares alemanas: el mariscal Wilhelm Keitel, comandante supremo del llamado Oberkommando der Wehrmacht (OKW), el estado mayor conjunto, y el general Alfred Jodl, jefe de mando y operaciones del OKW, y en tal sentido el segundo militar al frente de las fuerzas armadas.
Nazis convencidos, para llegar a allí colaboraron en la eliminación de generales de mayor rango, que no profesaban el fundamentalismo nazi, y que por lo tanto, no pensaban participar ni llevar a sus hombres a cometer los crímenes que cometieron los dos juzgados en Nuremberg.
Arguyeron en su defensa el cumplimiento de órdenes de parte de un poder civil que representaba un estado legítimo. Ambos argumentos fueron desvirtuados. El primero sobre el principio que ningún hombre puede acatar órdenes de un superior para cometer actos criminales, pues esto lo convierte a su vez en criminal, y el segundo, que un estado de corte criminal no puede considerarse representativo de un pueblo, así cuente con el voto popular de la mayoría, pues es claro que este tipo de estados mediante la propaganda y el terror, cuando no de la manipulación directa de los comicios y la eliminación física de sus contrapartes, destroza la base de la decisión ciudadana libre.
Traigo a colación esta historia pensando en el actual estado mafioso venezolano, y en el papel que en su continuidad han prestado sus fuerzas militares y de policía, directamente, o con la organización de comandos paramilitares, llamados combos, al auto definirse sus comandantes como defensores de un "poder popular" obtenido de comicios electorales viciados por los fenómenos descritos para el caso alemán.
Sería interesante, como ejemplo para las fuerzas militares de países vecinos a Venezuela, que a la caída del régimen, generales como Nicolás Padrino y otros fueran juzgados como criminales contra su pueblo, y castigados como tales. Tal vez no como a Keitel y Jodl que fueron condenados a morir en la horca y no contar con una tumba, pero sí a una condena de prisión perpetua, que muestre que las fuerzas militares de un país democrático están al servicio de su pueblo, y no del gobernante de turno. El respeto por el poder civil debe provenir de que este, a su vez, cumpla los principios constitucionales de respeto al estado democrático, y no se lo juegue en principios supra constitucionales como el poder racial, el poder popular o la "paz" no aceptada por el pueblo, así cuenten con apoyo internacional, como lo tenían Alemania y Venezuela en su momento. Es un dilema difícil, más aún cuando en estos países se concentran sin contrapesos, en un solo hombre, jefatura del estado y la jefatura de gobierno, la figura del comandante supremo de las fuerzas militares y de rector de la política de seguridad interna, y de la dirección de la política exterior.
Preocupa contar con unos mandos militares tan "maleables", que jueguen con igual entusiasmo por Dios y el diablo. Que un día sean acérrimos defensores de la paz e inmovilicen las acciones de sus tropas, y al siguiente, dirijan la ofensiva contra los mismos que antes protegieron. Se equivoca el presidente Duque al afirmar que, en las fuerzas militares, como en los demás campos empresariales, el desempeño de los subalternos depende de quién sea el líder. Eso no vale para quien tiene las armas del estado, y con ellas, pueda atacar a su pueblo, como pasa hoy en Venezuela. Hay que contar con militares creyentes en los principios de la democracia liberal sobre la que se fundamentan estados como el colombiano, así nuestros juristas, (otro grupo juzgado en Nuremberg como criminales), quieran volver el estado de derecho, estado social-ista de hecho.
