Hay que destacar que los 11.880 homicidios del año pasado son menos que los 12.130 del 2018, cuando se devolvió la curva de disminución de los asesinatos en la que veníamos desde hace tres lustros, pero más que los 11.535 que se produjeron en el 2015, antes del pacto de Santos con las Farc. La tasa de homicidios, 24,1 por cien mil habitantes, es también mayor que la de ese año. Otro dato: fueron 420 los asesinatos relacionados con la “violencia sociopolítica”, más del doble de los que por ese concepto murieron en el 2016, cuando se firmó “la paz”.
Deberían examinarse los motivos por los cuales no cede la violencia homicida aunque haya un acuerdo con las Farc. Mi tesis es que contiene un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico y como el narcotráfico es el motor de la violencia y la gasolina de los grupos armados ilegales, los homicidios no disminuyen. Por otro lado, la cifra permite preguntarse si son excesivos los costos del pacto en materia de impunidad, beneficios políticos a los bandidos, manoseo de la Constitución y el orden jurídico, y violación de la democracia al desconocerse el resultado del plebiscito, frente a los muy limitados beneficios en términos de disminución de violencia y considerando que el narcotráfico se disparó y aún hay miles de hombres en armas entre disidentes y reincidentes.
Preocupa mucho también el número, el altísimo número de venezolanos víctimas de homicidios, 508 de los 11.880 homicidios del año pasado, el 4,3% de todos. Aunque hay muertes de venezolanos en todo el país y muchas ocurren en Bogotá, el 14,5%, la mayoría se dan en la zona de frontera, en particular en Norte de Santander (24,4%), Guajira (8%) y Arauca (7,5%) El informe Forensis 2019 desafortunadamente no trae la información sobre las formas como han ocurrido esas muertes. No sabemos quiénes fueron los victimarios, si fueron sus connacionales, por ejemplo, o si las víctimas hacían parte de bandas criminales. Hay que hacer un esfuerzo por establecer esas circunstancias.
Otro elemento relevante es el número de muertes causadas por armas de fuego, 8.626, el 73,1% de todas. Ello ocurre en plena vigencia de la prohibición del porte legal de armas, impuesta por Santos en el 2016 y que se ha prolongado hasta hoy. De hecho, en ese año fueron 8.066 los asesinatos cometidos con este tipo de armas. Los datos comprueban lo que ya sabíamos, que son muchas las armas ilegales. Es claro que el problema no son las que se han entregado legalmente a los particulares. De hecho, la prohibición solo da ventaja a los delincuentes que saben que el ciudadano no tiene un arma para defenderse. En mi opinión, es indispensable revaluar la prohibición y verificar si al levantarla aumenta o no el número de homicidios y cuántos serían cometidos con armas amparadas. Lo que está claro es que la prohibición no ha cumplido su propósito. Los homicidios con armas de fuego no solo no han disminuido sino que han aumentado durante la vigencia de la prohibición.
También vale la pena destacar la vinculación del uso de drogas con el riesgo de ser asesinado. Los adictos son, de lejos, el grupo con más personas asesinadas, 702, el 5,9%, y si se suma a los 177 de habitantes de la calle, de quienes es posible asumir que también tienen problemas de adicción, son casi el 7,5% de todos los muertos.
Finalmente, son pocos, por fortuna y en contra de la idea que envían los medios, los asesinados miembros de oeneges (3), sindicalistas (1), líderes indígenas (2). En cambio, 50 fueron los desmovilizados o reinsertados asesinados el año pasado. Son muchos. Seguiré siendo muy crítico del pacto con las Farc y encuentro más razones para serlo con estos datos sobre homicidios en el 2019, pero no hay duda de que debemos hacer todo lo posible para proteger a quienes hayan dejado las armas.
