El manejo del poder en Colombia se caracteriza por la visión cortoplacista de sus dirigentes en la toma de las decisiones fundamentales, cuando se ha requerido sacar al país de sus recurrentes estrecheces para darle la dimensión adecuada, acorde con las demandas de una comunidad asediada de necesidades insatisfechas.

El dicho popular de rechazo a “más de lo mismo” pone en evidencia la insistencia en las soluciones fallidas de quienes han conducido el establecimiento. Por eso las situaciones de crisis se van acumulando hasta rebosarse, lo cual ya es cíclico.

Uno de los problemas recurrentes en la vida nacional es el de la inequitativa tenencia de la tierra. Ese ha sido un caldo de cultivo de la violencia, ante lo cual los señores feudales se aferran a sus intereses de casta, sin importarles la pauperización creciente de la población campesina. Las reformas tendientes a corregir semejante brecha se han quedado a medias. Ha predominado la presión clasista de los terratenientes, reforzada muchas veces con la acción del paramilitarismo, como brazo armado con ínfulas también políticas. Así se ha consentido la prolongación del conflicto armado durante más de medio siglo con todas las formas atroces de violencia que genera.

La violencia no es un mal que surja de la nada. Está montada con intenciones de poder, articulada a la política, lo cual evidencia el alcance que tiene el asesinato de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los voceros de comunidades desprotegidas, de los activistas de partidos de oposición o que den señales de desacuerdo con los dogmas del oficialismo.

A ese remolino de desatinos que proviene del manejo de la propiedad de la tierra en Colombia, con despojos, desplazamientos y otras formas de agresión a sangre y fuego, de los cuales son actores los grupos armados ilegales y la misma fuerza pública, se suma el menosprecio a los derechos que tienden a dar garantías a los ciudadanos.

El balance en cobertura y calidad de educación, salud, servicios públicos y seguridad social es negativo, aunque algunos indicadores oficiales muestren supuestos beneficios. Los subsidios asistencialistas del gobierno no pasan de ser una limosna que no cubre las necesidades insatisfechas. Todo está por debajo de la demanda, mientras la propaganda pretende mostrar una ayuda significativa para la llamada población más vulnerable.

Están, además, los problemas de la exclusión, los de la administración de justicia, los del medio ambiente, los del empleo y el explosivo de la corrupción.

Por eso la conclusión es que hay más problemas que soluciones y que la consagración como excelsos gobernantes a algunos de los que han tenido el honor de alcanzar la dignidad de la Presidencia, no corresponde a la verdad.

Es cierto que ha habido acciones de gobierno progresistas, pero el país no ha salido de las bases de la desigualdad y no se han dado los correctivos necesarios. Por eso la nación sigue a la espera de cambios que representen salidas efectivas a los padecimientos que se han acumulado. Y de ahí la esperanza puesta en el nuevo gobierno presidido por Gustavo Petro, al cual los mismos retrógrados de siempre pretenden atravesarles palos en la rueda.

Puntada

El proceso de reconstrucción de las relaciones entre Colombia y Venezuela debiera contar con una comisión binacional de seguimiento que haga posible identificar a tiempo las dificultades que puedan surgir.

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