Hablar de la estructura fiscal de un país es hablar de su concepción política, de su visión de sociedad, de sus concepciones básicas. En Colombia tenemos la versión del Estado por encima de los ciudadanos, donde el bienestar de este se encuentra por encima del de aquellos. Es el Estado que se autojustifica como “defensor de lo social”, entendiendo por ello la repartición de subsidios con fines políticos, sin importar la creación de riqueza, es decir, el desarrollo.
En ese esquema mental, el Estado monta cualquier estructura de gasto y después busca financiarlo, independientemente de cualquier indicador de desarrollo y de los efectos socio-económicos que tenga. “Debemos tener equilibrio fiscal”, gritan desde los medios de comunicación “expertos” áulicos del gobierno, justificados en comparaciones regionales con Venezuela y voces de gurúes como el presidente del BID y otros con agenda política interna.
El Gobierno habla de ahorros de 6 billones, apelando siempre a la inversión pero dejando intacta la burocracia. Y es que en el festival de gasto, este gobierno ha impuesto nuevas marcas. Como decía Sandro, un botón basta de muestra y los demás a la camisa.
El sector transporte, a nivel mundial, se maneja de manera centralizada o se libera a la inversión privada. En Colombia hacemos todo. Tenemos entes centralistas como el Invías y los distritos del Mintransporte, pero tenemos un órgano regulador como la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) y un hibrido que debería ser el organismo de planeación como la Agencia Nacional de Infraestructura, pero se comporta como un organismo de centralización, que se cruza con la Unidad de Planeación de Transporte (UPT). Y se siguen creando: la Agencia de Seguridad Vial, para la cual creamos nuevo impuesto en la revisión técnico-mecánica. Sigue la Superintendencia de Transporte, como ente de vigilancia y control, con la Aerocivil para el sector aéreo. Lo peor de todo es que cada uno es un ente descoordinado y sacan normas según su conocimiento jurídico. De esa descoordinación se encarga el ministerio correspondiente, apoyándose en el departamento nacional de planeación. Y no es que transporte sea un caso especial, todo lo contrario, es lo normativo.
Como el gasto no se controla, entonces para equilibrar, una comisión de “sabios”, cosa también recurrente en este gobierno, apelan siempre a los mismos impuestos, incluyendo esos anti-técnicos como en lo que sea por mil, subiendo tasas de iva, renta, retefuente, patrimonio, riqueza, etcétera, para invertir en salud, seguridad y atención de emergencias, tan caras (en ambos sentidos) al estado. Esa defensa del estado no se veía desde la nomenklatura soviética.
En el resto de países los nuevos impuestos se están dirigiendo a sincerar la rentabilidad de algunos negocios. La enfermedad, ya casi epidémica, en nuestras sociedades de la diabetes y su asociado sobrepeso y obesidad, tiene relación directa a la ingesta de azúcar en bebidas colas, jugos y otros alimentos. Vía iva-renta-retención y el largo etcétera todos pagamos los daños de esos productos; en otros países se cobra ya un impuesto al azúcar para cubrir esos daños en la morbilidad pública. Aquí de eso ni se habla.
El cambio climático, que a raíz de los errores del estado nos tuvo a punto de apagón, será usado para “multar el derroche”, nueva versión de hacer pagar a la victima los daños causados sobre ella y no para imponer el impuesto al carbono tal como lo solicita la Comisión de Cambio Climático del Naciones Unidas en su última reunión de París. Pero claro eso afecta la cajita estatal de los commodities y “perjudica” al Estado.
Mucha violencia familiar o no se da con armas de fuego. No hay impuesto especial al porte de armas correspondiente con su riesgo social. Los impuestos con enfoque hacia negocios que afecten lo social o ambiental, es la verdadera reforma fiscal. Pero claro eso es enfrentarse a poderes que el Estado prefiere tener de su lado; siempre queda el ciudadano para “equilibrar” las finanzas del Estado que le “garantiza” todos sus derechos, como lo expresa nuestra flamante constitución.
Ojala esta idea no la usen nuestros burócratas y políticos para sumarla a todos los demás impuestos. La estructura fiscal en Colombia muestra que, en Colombia, más estado es menos desarrollo.
