Una de las peores cosas (entre tantas) que le han ocurrido a la desprestigiada y desvencijada “justicia” colombiana ha sido el paso por la Fiscalía General de la Nación, de Montealegre y Perdomo, un par de acomplejados atormentados y resentidos sociales que empeñaron todos sus esfuerzos en servir como “policía política” del tartufo Santos, para perseguir sin cuartel al uribismo, al extremo de inventar una trama Hollywoodesca, como fue la del farsante del hacker Sepúlveda, a fin de robarle, en segunda vuelta, la elección presidencial a Oscar Iván Zuluaga. Por ese solo hecho, “Batman y Robin”, deberían estar pudriéndose en una mazmorra: haber sometido a Colombia a un segundo gobierno de Santos, con las subsecuentes desgracias que esa empresa criminal del averno trajo para la Patria, no tiene perdón.

Hoy, los sujetos de marras posan de honorables, como si millones de colombianos no supiéramos que están más sucios que un rancho solo, como dice el vallenato. Montealegre y Perdomo saquearon las arcas de la Fiscalía General, feriando contratos a tutiplén: hubo presupuesto hasta para los amiguitos de Perdomo, entre ellos, un arquitecto español, que resultó favorecido en la repartija. Montealegre, por su parte, le entregó un contrato multimillonario a su “musa” Natalia Springer, que se inventó un parapeto dizque de algoritmos para hacerse al fabuloso botín. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¡Qué desvergüenza!

La “universidad” de la Fiscalía impulsada por Montealegre y Perdomo resultó ser otra estafa del “dúo maravilla”, que le costó al erario más de 50 mil millones de pesos. Lo propio ocurrió con las malogradas embajadas que se inventaron, para nombrar a los chiquilicuatres que los secundaban. Capítulo aparte merece la relación siniestra de esos subnormales con el prófugo Leonidas Bustos y con el extraditado exfiscal Gustavo Moreno: el cartel de la toga se consolidó y afianzó en la administración de Montealegre. Falta mucho por aclarar y varios cómplices por visibilizar en ese sórdido episodio. Son tantas las fechorías cometidas por estos infaustos prevaricadores que no alcanza el espacio para mencionarlas; pero, como el cartel de la toga sigue operando, nada pasa. Por eso sacan la cabeza y alzan la voz: se saben impunes. 

En reciente entrevista con otra odiadora profesional del presidente Uribe, María Jimena Duzán, Montealegre y Perdomo, se fueron lanza en ristre contra aquel, haciendo alarde de una pomposa y temeraria denuncia por la supuesta participación del exmandatario en las masacres de El Aro y La Granja, acción jurídica que se tramita hace 20 años y en la que no ha sido vinculado Uribe. Los tórtolos precitados se enterraron el puñal, pues, si tenían tan clara la responsabilidad del Gran Colombiano, ¿por qué demonios no hicieron nada en los años en que manejaron a su antojo el ente acusador? De entrada, habría una omisión gravísima. Y todo ello con el rebuscado cuento del “contexto” para pretender endilgarle delitos a Uribe que este claramente no cometió.

A quien hay que aplicarle la política criminal del “contexto” es a Montealegre, por el proceso de Saludcoop. Miremos: Montealegre se hace elegir magistrado de la Corte Constitucional, desde donde les da vida jurídica a las empresas de los recobros, renuncia a la Corte y empieza a litigar amparado en las sentencias que él mismo profirió. Su cliente estrella: Saludcoop. Después, desde la Fiscalía, salva a Palacino cuando la contralora Sandra Morelli lo tenía a tiro de cañón. En ese “contexto” de complicidad, sociedad y encubrimiento de Saludcoop, Montealegre sigue recibiendo honorarios: en la contabilidad estaban los respectivos giros a él y al exsuperintendente de salud santista Gustavo Morales Cobo. Esta misma tesis aplica para el cartel de la toga: fue Montealegre quien nombró como asesor del despacho del Fiscal General a Gustavo Moreno, el enlace con Bustos y demás bandidos que hacían parte de esa bandola. 

Montealegre y Perdomo son sepulcros blanqueados a los que les llegará su hora, cuando menos lo imaginen.

La ñapa I: Celebro la elección de dos grandes juristas y eximios colombianos: Margarita Cabello y Jorge Enrique Ibáñez. La Procuraduría, la Corte Constitucional y la justicia ganan mucho.