Para los dogmáticos heliotropos del establecimiento cualquier iniciativa de cambio que busque corregir los desatinos acumulados en el manejo de Colombia, es estigmatizada con el señalamiento de línea roja. Todo les parece que “afecta la institucionalidad” o que es una forma de acabar “con lo que ha funcionado bien”. Es un estribillo de justificación a los resultados negativos de políticas de gobierno, sin reparar en el daño colectivo que generan. Es el empeño de preservar intereses sostenidos como barreras contra la posibilidad de promover soluciones a problemas recurrentes, causantes de las ostensibles brechas en el desarrollo social. Es una forma de contención de la democracia.

La descalificación a todas las reformas propuestas, como lo hacen los ejecutivos representativos de cierto poder empresarial, o los políticos en ejercicio de una oposición adobada de distorsión, es otra forma de impedir que los debates de los problemas de la nación se hagan con apego a la democracia. No se buscan salidas de acierto sino promover confusiones, alimentar alarmas y hacer imposible llegar a conclusiones basadas en la certeza de los argumentos expuestos. En ese laberinto también pierde funcionalidad la democracia. Que es la intención que se busca propagando mentiras. 

Un sector influyente de la llamada clase dirigente colombiana ha levantado barreras contra el desarrollo del país basado en la paz y la equidad con reconocimiento de los derechos sociales. El testimonio de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz lo demuestra. La formación de los  grupos armados de paramilitares fue una estrategia de violencia que llevó a la nación a un entramado de criminalidad brutal. Se encendió el terrorismo para amparar el despojo a los campesinos de sus tierras o para impedir la expresión de inconformidad de la  población sometida a  condiciones de desgarradora desigualdad. También hace parte del tejido contra la democracia.

Recientemente se puso en marcha una especie de movimiento político formado por exmilitares. Ellos están en su derecho a tener identidad política. Se les debe garantizar la libertad de expresarse sin mordazas. Pero hay que salirles al paso cuando se extreman en la incitación a un golpe contra el Presidente de la República, cuya elección no tuvo ninguna sombra de duda. Ese afán revanchista, amparado en una excepcionalidad reconocida a las Fuerzas Militares, es una ingesta dañina. No son pocos los oficiales que han enlodado con su mala conducta la institución militar, en el afán de contrariar la democracia. El expediente de ejecuciones extrajudiciales (o falsos positivos) es un capítulo vergonzoso que no debe archivarse. 

No se debe bajar la guardia en defensa de la democracia en Colombia, para lo cual debe contarse con la mayor participación ciudadana. Se trata de que el país salga de atrasos y erradique tanto la violencia, como la corrupción, le de validez a la norma sobre Estado social de derecho, promueva la defensa del medio ambiente, deje atrás odios y prejuicios y levante la democracia como un faro que alumbre toda la geografía nacional. Se trata de contar con fortalezas en función del bienestar de todos. Es la democracia sin recortes, como debe ser.

Puntada

La seccional de la Escuela Superior de Administración Pública, que cubre los departamentos de Norte Santander y Arauca, debe ser parte activa del patrimonio cultural de la región, como institución educativa que es, con funcionamiento activo.

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