Las multitudinarias movilizaciones y actos simbólicos del pasado viernes en más de 100 ciudades de Colombia y el exterior, en las que participaron ciudadanos de todas las orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, constituyeron una contundente demostración de solidaridad con quienes ejercen el liderazgo social en las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país.
Se generó de esta manera un gran consenso nacional, el primero en muchos años, sobre la condena de estos crímenes atroces que cuestan la vida a colombianos humildes que luchan por sus comunidades y su territorio. Se proclamó que estos líderes sociales no se encuentran solos y se reclamó del gobierno acciones eficaces y concretas para poner fin a esta ola de asesinatos y no caer en la equivocación oficial y simplista de atribuir estos hechos de manera exclusiva al fenómeno del narcotráfico, olvidando deliberadamente qué hay razones políticas y sociales detrás de muchos de estos asesinatos.
Con las movilizaciones del 26 de julio y la participación del gobierno que se debe valorar positivamente, se envió un mensaje claro y fuerte a las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y el despojo de tierras que atentan contra los lideres: como sociedad no seguiremos contemplando con indiferencia la fila interminable de cadáveres de las víctimas de este exterminio.
Este poderoso mensaje es el mejor mecanismo para prevenir a los violentos empeñados en debilitar los liderazgos sociales en zonas específicas del país. Hay que acabar de una vez por todas con la estigmatización de estos líderes desde el propio lenguaje de las autoridades. Y los miles de personas en las calles que salieron espontáneamente son una buena noticia para COLOMBIA de que algo está cambiando en nuestra sociedad. La participación de organizaciones sociales, colectividades políticas, medios de comunicación, de la Iglesia católica, comunidad afro, Indígena, LGTBI y ciudadanía en general en esta convocatoria que surgió de la plataforma ciudadana Defendamos La Paz, confirma que más allá de las diferencias políticas si pueden existir temas y preocupaciones comunes en las cuales los colombianos nos podamos poner de acuerdo.
Ahora corresponde hacer seguimiento a las manifestaciones de solidaridad con los líderes para que los resultados en términos de protección de su vida sean efectivos. Hay que efectuar un ejercicio permanente de observación, denuncia y acompañamiento territorial para garantizar la labor y la integridad de los lideres sociales, así como de los excombatientes que dejaron las armas. Un buen paso hacia adelante sería además rescatar la idea de un pacto nacional amplio para sacar la violencia de la política, ahora que se aproximan unas elecciones regionales especialmente complejas.
Igualmente es necesario que el gobierno entienda el mensaje de esta semana y reaccione con inteligencia y celeridad. La actitud del Presidente Duque ante la marcha fue positiva, en la medida en que salió a respaldarla y a reiterar un compromiso con la vida de los líderes. La rechifla y los desórdenes ante su presencia en Cartagena merecen rechazo frente al irrespeto a la dignidad presidencial. Pero no cabe duda que el gobierno debe reconsiderar su estrategia para enfrentar estos crímenes y en lugar de estar manipulando cifras e inventando de manera unilateral nuevos mecanismos e instrumentos, debe concentrarse en trabajar de la mano con la sociedad civil y las plataformas de defensa de los derechos humanos en la implementación de las medidas contempladas en el acuerdo de paz para combatir este flagelo. Solo con concertación y diálogo con las comunidades se pueden adoptar medidas eficaces de protección individual y colectiva a los líderes en riesgo, que nos permitan garantizar que se logre el propósito final que movilizó cientos de miles de ciudadanos el viernes pasado: que no veamos en Colombia ni un solo líder social más asesinado.
