Los colombianos -al menos muchos de ellos- ven la agenda de seguridad de Abelardo De la Espriella como una Seguridad Democrática 2.0, como si los retos de 2002, cuando Álvaro Uribe empezó su gobierno, fueran los mismos que los de este 2026. Aunque hay razones para el optimismo, la condiciones de hoy son distintas y más difíciles, francamente, que las que enfrentó Uribe.

Para empezar, el gobierno entrante debe recuperar el mando en las fuerzas de seguridad, recuperar la capacidad operativa y -algo más complejo- volver a tener una inteligencia pionera, una serie de retos que, mirando el retrovisor, el gobierno de Uribe no tuvo que enfrentar de la misma manera.

A pesar de lo poco que le reconocemos, Andrés Pastrana dejó un legado. Antes de Uribe, firmó el Plan Colombia, recuperó la fase ofensiva de las tropas después de romper el fallido Caguán -nada de esto pasó con la Paz Total- y fortaleció las relaciones con Israel, Estados Unidos y Reino Unido, aliados que nos ayudaron a construir una inteligencia pionera.

Ahora, estamos ante un escenario totalmente distinto. La continuidad de políticas en seguridad, entre un gobierno como el de Pastrana y el de Uribe, ya no existe. En sus perdidos cuatro años, Gustavo Petro desarticuló a la Fuerza Pública y firmó compromisos en materia de seguridad que se pagaran con vigencias futuras por 35 billones en momentos en que el déficit de las Fuerzas Armadas es de 40 billones.

En el frente internacional, los Estados Unidos, nuestros aliados indiscutibles en la lucha contra el crimen organizado, tampoco son los mismos que en el 2001, cuando los dos partidos -demócratas y republicanos- apoyaron el Plan Colombia, sin distingo.

Si bien Washington está priorizando su agenda en seguridad en América Latina, con iniciativas como el “Escudo de las Américas” y las operaciones conjuntas en varios países -por ejemplo, en Ecuador-, Colombia ya no goza de ser un caso excepcional que convoca todos los esfuerzos de Washington. Muchos países, sobre todos los vecinos, también son prioritarios para la Casa Blanca, lo cual puede ser bueno para construir una coalición anticrimen a nivel regional y tener más autonomía, pero igualmente supone menos recursos especiales para nuestro país.

Como se ve, no estamos en 2002. Tampoco en los años de la Seguridad Democrática. La realidad es que debemos dejar de pensar en esa época y aterrizar en una era que, por más difícil, es la que es: una era de un país inundado de economías ilícitas -narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata- en medio de unas fuerzas que disponen de recursos limitados.

Sin embargo, evitar la analogía con los años de la Seguridad Democrática no significa que no podamos retomar toda la experiencia ganada en esa época y trabajar conjuntamente. La posible nueva cúpula militar, con varios oficiales retirados interesados en volver a las fuerzas, es una muestra de que estarían dispuestos a volver a las fuerzas y  liderar con todo sus conocimiento la nueva fase de seguridad.

Igualmente, la propuesta de “Colombia, Estrategia Integral de Seguridad”, un documento de Acore y otras organizaciones encargadas de las seguridad, presenta una serie de propuestas para reconstruir la seguridad que, ojalá, se tome en cuenta en el Plan Patriota 2.0.

Las propuestas y liderazgos eficientes dentro de las fuerzas de seguridad no serán efectivas si los poderes locales no juegan un rol central en la implementación de políticas de seguridad. Los Bloques de Defensa de la Seguridad, una propuesta del Gobierno, son el primer paso para que los poderes locales -gobernadores y alcaldes- jueguen un rol activo desde el mandato civil y articulen acciones integrales con la Fuerza Pública.

El reto -como en todos los frentes- es gigantesco, pero las capacidades de Colombia en materia de seguridad son superiores a los desafíos que tenemos.

Porque hoy es 2026, no 2002.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .