El proyecto del Plan de Desarrollo arranca bien pero a la altura del artículo sexto se pega una descarrilada de la cual no se recupera, al embarcarse en una práctica antitécnica, facilista y antidemocrática aplicada por los dos últimos gobiernos, ante la mirada complaciente de la Corte Constitucional, y que el actual pretende reeditar. Parecieron olvidar que la ley del Plan por su propósito, sentido y alcance no es una ley cualquiera, sino la carta de navegación, la visión que del futuro le presenta el nuevo gobierno a los ciudadanos y que se convierte para este en un compromiso de obligatorio cumplimiento.

Pero no. La convirtieron en un verdadero árbol de navidad donde sin límite ni criterio alguno, los diferentes ministerios desempolvan los proyectos e iniciativas que tienen encajonados y los cuelgan en el esqueleto del plan, para ver si el Congreso los aprueba sin mayor posibilidad de analizarlos y debatirlos. 

En los primeros artículos del proyecto están los elementos y enfoques propios de un plan de desarrollo, cuya meta definida es darle a la economía la capacidad para generar empleo formal al facilitar que las condiciones exigidas se alcancen de manera gradual, no de golpe. Es en primer lugar una estrategia de inclusión productiva de los jóvenes al proporcionarles herramientas de formación y de capacitación, que enfatiza en la educación y el entrenamiento que les permita emprender y encontrar oportunidades laborales para no depender del subsidio estatal; ligada al tema de la economía naranja centrada en las industrias culturales donde no están incluidas ni la editorial ni la musical y escénica, y en las cuales los jóvenes jugarían un papel central; es el programa para 500.000 Jóvenes en Acción para darles cobertura a las familias mientras terminan el colegio y reciben formación superior o empleo gracias a los programas de emprendimiento que se establezcan. 

La formalización del empleo implicará garantizar un piso mínimo de protección social para aquellas personas con ingresos menores al salario mínimo para permitirles acceder y permanecer en la seguridad social - régimen subsidiado de salud, servicio complementario de beneficios económicos periódicos, seguro laboral -, a partir de una cotización mínima mensual establecida de acuerdo con el ingreso mensual obtenido; la diferencia es subsidiada por el Estado. Para el sector rural el énfasis estaría no en el fortalecimiento de la economía campesina, que no se menciona, sino en la ampliación y formalización del empleo agropecuario. 

La meta sería entonces darle a la economía la capacidad para generar el empleo formal que permita estabilizar la capacidad de las familias para generar los ingresos que requieren, consolidándoles su condición de clase media y garantizándoles su autonomía económica pudiendo asumir gradualmente el costo de los servicios de salud, educación, vivienda. Así se reduce el monto de los subsidios que percibe la clase media para concentrarlos en los sectores de menores e inciertos ingresos; la reducción más publicitada es el desmonte del subsidio de la energía.

En la filosofía del plan está desarrollar una política que integre la inclusión social con la productiva, como el camino para generar equidad en la línea de los Objetivos del Milenio de la ONU para el desarrollo sostenible. El trípode de legalidad, emprendimiento y equidad, los pactos estructurales sobre los cuales se yergue el plan, permitiría lograr la meta de la igualdad de oportunidades para todos. Un logro de equidad que no contempla el problema de la concentración creciente de la riqueza que conoce Colombia cuya superación o al menos atenuación de un punto que ni lo contempla el proyecto analizado ni lo abordó la reciente reforma tributaria, públicas fiscales y de gasto público que distribuyan socialmente el ingreso y orienten ese gasto hacia programas que impacten tanto la inclusión social como la productiva.

El plan se estructura en 16 pactos nacionales que más que pactos con la ciudadanía, son entre agencias estatales que serían necesarias pues las acciones y políticas propuestas son transversales, no sectoriales y casi que por ministerio. No resisto la tentación de hacer tres rápidas observaciones a los pactos propuestos: el silencio sobre lo agropecuario y forestal y todo el bombo a la gran minería; la educación está presente en todo el plan pero sin un tratamiento específico; el ordenamiento territorial y la descentralización están bien destacadas, gracias a una visión más regional y territorial, pero sin explicar o al menos delinear el camino a seguir para lograrlo.

El debate en el Congreso va a ser confuso, centrado en articulitos específicos y no en la discusión del diseño del derrotero que le debe plantear el gobierno al país, en momentos en que esas luces, esa convocatoria es más urgente que nunca. No soy optimista de lo que salga del Congreso porque lo que el gobierno le entregó no es lo que Colombia hoy requiere.