Tras 7 años de la firma del acuerdo de Paz, es necesario un balance general de sus luces y sombras en región.

Empezar resaltando la resistencia de los firmantes de Paz, los que continúan en Caño Indio, Tibú, como los que vienen en procesos formativos, contribuyendo a la búsqueda de desaparecidos, y otros en movimientos políticos, incidiendo para la implementación del acuerdo.

Así mismo la misión de verificación de la ONU, autorizada por el consejo de seguridad de Naciones Unidas, quienes han acompañado de cerca el proceso de los firmantes de Paz.

De admirar el fortalecimiento de organizaciones sociales que han aumentado capacidades tras la ejecución de iniciativas para la reconstrucción del tejido social y el empoderamiento de líderes sociales.

Las voluntades presupuestales, departamental y de algunos municipios que entendieron la importancia de concebir los PDET como hoja de ruta de sus planes de desarrollo, para cerrar brechas entre el Estado y los territorios.

Reconocer el punto 5, que dio surgimiento al sistema integral de Paz, que deja un informe de la comisión de la verdad, con un legado que se consolida desde diferentes acciones, una UBPD con capacidades técnicas para la búsqueda, que cuentan con planes de búsqueda aterrizados a las características de la región y una JEP consolidada, con paso lento, pero con iniciativas de impacto desde el modelo de justicia restaurativa.

Resaltar que la región cuenta con una curul de Paz, elegida democráticamente, la cual hace falta conectar con los territorios, tal vez hacer pedagogía para que la población comprenda la importancia de este espacio y se pueda aprovechar.

Sin embargo, pese a lo anterior, es necesario decir que el principio de garantía de no repetición, eje fundamental de la justicia transicional, no se ha cumplido, se ha tenido que implementar el acuerdo en medio del conflicto armado.

La región, hoy tiene un mayor número de grupos armados ilegales, sigue aumentando la minería ilegal, el contrabando y el cultivo de uso ilícito, situación que mantiene condicionada la población sobre todo líderes sociales, incluyendo firmantes de Paz, afectados por la presión que generan las amenazas y homicidios selectivos realizados por los grupos al margen de la ley, configuración del conflicto que se amplió en zona rural de Cúcuta, municipio que no cuenta con consejo municipal de Paz.

Desde lo estructural, el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno en el anterior periodo constitucional, en específico, el no cumplimiento del punto 1, atrasa todo proceso y obstaculiza la llegada del Estado al territorio, situación que fragmenta la confianza en territorio.

Quedan retos, como continuar implementando el acuerdo desde un contexto en conflictividad, se hace urgente consolidar el discurso del derecho a la Paz en la población y en especial en los dirigentes.

Sacar provecho de la intención del actual plan nacional de desarrollo en relación al acuerdo, mejorar rutas de acceso a la reparación de víctimas, ser eficientes en la garantía de participación de líderes sociales, acompañar el proceso de conflictividad entre los Barí y el campesinado en perspectiva de Paz, aumentar y  fortalecer veedurías ciudadanas, lograr resignificar el acuerdo de Paz, en el sentido de romper el imaginario de que la Paz es solo cemento y darle la importancia que merece a la participación de los sujetos de especial protección constitucional, en especial, los grupos étnicos, mujeres y población LGTBIQ+.

Por último, buscar implementar lo acordado en lógica de articulación, intentado contemplar los vacíos y aciertos del acuerdo, para ser tenidos en cuenta en el proceso de diálogo de Paz total que se lleva en la actualidad.