Suponiendo que entraran nuestros compatriotas en una especie de locura colectiva y aprobaran el Plebisantos –y el día esté lejano- quedaríamos quebrados, por la presente y las próximas generaciones.
Puestos a mover las calculadoras, algunos especialistas en sumas y restas han calculado el costo del llamado “posconflicto” en noventa billones de pesos. Ante semejante monumental cifra, salen enseguida a dividirla por diez, sin que haya nada en el Acuerdo Final que lo autorice, para que distribuida la cantidad en ese número de años, de un resultado final de nueve billones de pesos por período.
Insistimos en que la proyección a diez años se la inventaron los que tuvieron que enfrentarse con semejante monumental metida de pata. Los acuerdos hablan siempre de ejecución sin dilaciones, y en las famosas Comisiones de Seguimiento, de las que las Farc serían dueñas, no se cansarán de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones que puso sobre sus hombros el Gobierno Nacional.
Pero suponiendo el cuento piadoso de los diez años, estaríamos ante una locura de nueve billones de pesos por año, que volvería pedazos cualquier presupuesto. La quiebra, en suma.
Pero los expertos en sumar han demostrado que no son expertos en medir el alcance de ciertos compromisos. Vamos a la prueba.
A la página 27 del mamotreto que tan irresponsablemente firmaron De La Calle y sus compañeros de comparsa, se leen las cargas oficiales en una materia que llaman de protección social.
Nadie ha calculado los costos de cubrir los riesgos de vejez, maternidad y unos que llaman “laborales”, que darían para cualquier cosa.
Para buscar este objetivo, como pasa con tantos, nada mejor que un “plan”. No ha habido ni habrá un sarampión de planes parecido al que pactaron en La Habana, ante la iniciativa de quién sabe cuál partida de orates. Pues veamos uno de los criterios para manejar este plan específico.
El Gobierno tendrá que otorgar “una garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse…..”
Ese beneficio económico periódico se llama pensión, aquí y en la China. Por donde nos encontramos con que nuestros plenipotenciarios, tan generosos o insensatos, decidieron jubilar a todos los trabajadores y trabajadoras del campo. Algo que no se le había ocurrido al más demente de los demagogos de este país. Y ello por una razón muy simple: porque sin cuentas complejas cualquiera entiende que esa iniciativa quiebra la Nación.
El valor de ese beneficio económico para campesinos viejos sin amparo, es decir, que no cotizaron a la seguridad social, no está mencionado en el Acuerdo. Pero la Corte Constitucional ha dicho que no habrá en Colombia ninguna pensión de jubilación por debajo de un salario mínimo.
Calculado este beneficio en apenas quinientos mil pesos mensuales y que cubra una población de no más de cuatro millones de “trabajadores y trabajadores”, nos da dos billones mensuales o veinticuatro anuales. Sin rodeos y sin literatura, la quiebra total, irredimible de la Nación, ahora y en adelante. Porque la jubilación crecerá, “como crecen las sombras cuando el sol declina”, en la medida en que la población envejezca y el salario mínimo aumente.
Claro que nadie le echó una cuenta a esta barbaridad. Y de esas está llena el Acuerdo Final. Pero basta un botón para la muestra. El tal “Sí” sería la quiebra de Colombia y de los que vamos dentro del buque. Y como la norma será eterna, tratándose de un Acuerdo Especial, a este nuestro pobre y amado país se lo llevó el diablo. O mejor, se lo llevó Santos, peor que el diablo mismo.
