Aun resuena la aplastante derrota a la propuesta de nueva Constitución en Chile, que, en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, recibiera un 62% de rechazo, ocasionando de pasada un duro revés al gobierno del presidente Boric. Transcurridos varios meses, las diversas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para salir del atolladero acordando la conformación de una Comisión de Expertos compuesta por 24 integrantes, con paridad de género, quienes tienen hasta el 6 de junio para entregar una propuesta de nueva Constitución al Consejo Constitucional conformado por 50 miembros, que será electo por voto popular el próximo 7 de mayo.

Dicho Consejo, deberá trabajar sobre la propuesta recibida, para acordar un texto de nueva Constitución que la ciudadanía deberá aprobar o rechazaren un plebiscito el próximo 17 de diciembre.

La mayoría de los 24 integrantes de la comisión son juristas con edades que fluctúanlos 50 años. En su primera sesión, el pasado 6 de marzo, eligieron por unanimidad a la abogada Verónica Undurraga, afín al PPD (Partido por la Democracia) de la coalición de gobierno como presidenta, y como vicepresidente a Sebastián Soto, constitucionalista, profesor universitario, militante de Evópoli, partido de la oposición.  A su vez, las cinco subcomisiones temáticas serán presididas equidistantemente por gobiernistas y opositores, de suerte que los equilibrios se están dando.

Hubo también consenso transversal, en que quien encabece la instancia debe transmitir a la ciudadanía su trabajo con lenguaje claro, algo de lo que -se acusa- adoleció la convención constitucional que trabajó entre 2021 y 2022 y que redactó el texto que fuera rechazado.

La comisión de expertos es fruto del acuerdo logrado por las diversas fuerzas políticas en el Congreso. Los nombres de sus integrantes fueron propuestos por los partidos y ratificados en el Parlamento, eligiéndola Cámara de diputados a 12 y el Senado igual número.

A diferencia del primer proceso, que arrancó como secuela del estallido social de octubre de 2019, este acuerdo político que ha generado este nuevo intento implicó poner pilares o límites comunes, con las cuestionadas 12 bases constitucionales, que son inamovibles. Habrá, además, un comité técnico de admisibilidad, compuesto por 14 juristas que, en calidad de árbitros, velarán porque se cumplan estos pilares.  De manera, que se han tomado muchas precauciones, demasiadas en opinión de algunos, lo que mantiene al “soberano” alejado de participar en la elaboración de la nueva Constitución, arriesgando que el electorado no se sienta interpretado y  rechace también esta segunda propuesta.

Entre las 12 bases, se señala que Chile es una República democrática y que el Estado es unitario y descentralizado. Además, por primera vez se dará reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas “como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, comprometiéndose el Estado a respetar y promover sus derechos y culturas”.

También, se reconocen los símbolos patrios. Y se establece que Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Algo tan básico, solo se explica como un resguardo a lo que no contuviera la propuesta rechazada.

Se prevé que una de las bases que generará mayores fricciones es la que establece que “Chile es un Estado social y democrático de derechos”, porque allí radica el principal pivote de la Constitución de 1980, redactada y aprobada en dictadura, en la que se consagra que el Estado solo actúa subsidiariamente, cuando no lo hacen los privados, dando pie a muchos reclamos de la ciudadanía que se siente desvalida.  De allí que no sea aventurado decir que este será un año políticamente complejo para Chile.