Recordemos como empezó esta historia. El Presidente Duque en una incomprensible y desafortunada decisión, cuando llegó para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, tras la revisión de la Corte Constitucional, se abstuvo de firmarla y se inventó 6 objeciones por una supuesta inconveniencia, que en el fondo era inconstitucionalidad, desafiando en forma abierta e inédita la competencia de la Corte como tribunal de cierre definido en la propia Constitución Nacional. El mismo día anunció en alocución por televisión una reforma constitucional para modificar aspectos esenciales en el funcionamiento del sistema de justicia transicional acordado en La Habana y creado por el Congreso de la República.
Garantía de reparación a las víctimas, procedimiento de extradición, elaboración de listados de los integrantes de grupos en negociaciones de paz, selectividad y priorización de casos de máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, justicia ordinaria para los delitos sexuales, delitos de ejecución continuada, entre otros, constituían el menú de modificaciones a los acuerdos de paz que se anunciaron por la vía de unas objeciones presidenciales absurdas y unas reformas constitucionales peligrosas, que tienen como propósito final evitar que la Justicia Especial de Paz comience a funcionar y con ello afectar la implementación del acuerdo de paz, al generar incertidumbre e inestabilidad entre los guerrilleros, militares y terceros que hoy están sometidos a esta jurisdicción, con el compromiso de asumir responsabilidad, contar la verdad, comprometerse a la reparación de sus víctimas y a la no repetición.
Sin argumentos de fondo, con un documento débil y con interpretaciones equivocadas del fallo de la Corte Constitucional, el gobierno resolvió meter al país en tres meses de discusiones inútiles y estériles. La Corte desde el primer momento anunció que cualquiera fuera la decisión del Congreso, ellos asumirían, en desarrollo del Fast Track, un control automático y previo, con lo cual señalaron de manera clara que el fallo de la alta corporación debía ser respetado . La agenda del país retrocedió 3 años y volvimos a debates superados y una polarización que hace daño al país y a La Paz. Solo conviene este clima radical a quienes creen desde el partido de gobierno que en las elecciones regionales de este año sacarán nuevamente a los colombianos a votar “enverracados” contra las FARC.
Siguen en la oposición y pretenden mantener a los colombianos estacionados en el pasado, en un debate que no conduce absolutamente a nada y nos impide concentrarnos en el futuro.Después de estos tres meses de discusiones jurídicas y políticas, de escaramuzas, de ofrecimientos burocráticos, cancelación de visas, narcomicos inventados, trampas del Presidente del Senado e insultos a quienes defienden La Paz, el balón nuevamente queda en la cancha de la Corte Constitucional, de la que ya conocemos su posición desde diciembre cuando declaró exequible la ley.
La apabullante derrota del gobierno en el Congreso se debe a que la razón en este debate la tienen quienes defendieron la institucionalidad y La Paz. Los argumentos de columnistas, académicos, ex negociadores, organizaciones sociales y congresistas amigos de la Paz fueron inobjetables. La votación es una señal clara que las mayorías en el legislativo quieren doblar la página de la polarización y exigen el cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del estado. Comete el gobierno del Presidente Duque un error más al desconocer esta evidente realidad y persistir en una actitud que hace daño al país y al propio jefe de estado.
En la Cámara la votación fue 110 a 44 y en Senado 47 a 34 . En ambas corporaciones una amplia diferencia contra el gobierno. Y algunos de sus funcionarios, en un acto de ingenuidad o torpeza, salen a reclamar un triunfo en el que nadie cree. Ni ellos mismos. Resultaron aventajados discípulos de Maturana y resolvieron que “perder es ganar un poco”. Y la mayor paradoja es que después de casi tres meses desde que desafiaron a la Corte Constitucional y señalaron que el estudio de las objeciones no debía regresar a esta corporación, ahora reivindican como un éxito de la política del gobierno que el informe regrese precisamente a estudio de los magistrados que hace tiempo definieron su posición en este tema. ¿No habrá en el Palacio de Nariño o en el Centro Democrático un alma caritativa y sensata que le diga al Presidente que está pelea innecesaria y evitable se perdió y que ahora es importante que el gobierno dedique sus esfuerzos y tiempo a resolver los graves problemas que nos afectan?.
