Desde 1991, se ha intentado en vano reformar el sistema de administración de justicia en innumerables ocasiones. Una y otra vez se han atravesado las altas cortes. Incluso la Constitucional ha sostenido que algunas de esas propuestas afectarían pilares estructurales de la Carta y que no pueden ser objeto de reformas a través del Congreso. Para la Corte esas reformas solo pueden hacerse a través de una asamblea constituyente o de un referendo.
Una constituyente solo agravaría la incertidumbre y ahondaría la crisis económica actual. De manera que el único camino para hacer una reforma profunda a la justicia es un referendo. Tiene la ventaja de que sus temas se limitan específicamente a los que se preguntan.
Ese referendo debe centrarse en aquellos aspectos a los que la Constitucional se opondría: disminuir los altos tribunales, crear un mecanismo de juzgamiento de los magistrados, eliminar la posibilidad de que los actuales jueces escojan sus reemplazos y acabar la JEP, ese engendro creado para dejar en impunidad los crímenes internacionales de las Farc.
El presidente Uribe, en su manifiesto del 10 de octubre, ratifica la necesidad de ese referendo para reformar la justicia. Y agrega otros temas: “que disminuya el Congreso y la burocracia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor”.
Disminuir el tamaño del parlamento es un mensaje sano en estos tiempos de austeridad. Reconozco que, sin embargo, esta propuesta puede restarle apoyos al referendo en su paso en el Congreso. En todo caso es indispensable cerrar la puerta para que responsables de crímenes internacionales tengan curules gratis. Si las Farc quieren participar, que lo hagan ganándose los espacios con votos, como cualquier otro.
También es clave congelar el salario de los altos funcionarios. Hoy ganan 37 veces más que uno que recibe el mínimo. Se puede pensar en el límite de cotización para pensiones, de 25 salarios mínimos.
Hay que dar alivio a los sectores vulnerables. Definir con precisión los mecanismos para conseguirlo y asegurar que sean sostenibles, que no ahonden la crisis fiscal y que contengan herramientas que determinen la contribución de los beneficiarios. La ayuda gratuita solo amarra a la pobreza. La única excepción está en quienes por edad o por incapacidad simplemente no pueden aportar. Un subsidio a quienes no alcanzan pensión estaría en esa línea.
El referendo debe atacar a fondo la plaga del narcotráfico. Definir de una vez por todas la posición de la mayoría sobre consumo y poner un límite al activismo judicial en la materia. Y eliminar los incentivos perversos al narcotráfico que se pactaron con las Farc. Si no lo hacemos, seguiremos girando en una interminable espiral de violencia.
Finalmente, creo que debe pensarse en aprovechar el referendo para recuperar el triunfo del No en el plebiscito, al que la Constitucional le hizo conejo. Polémico, lo se, pero permitiría cerrar ese capítulo de manera definitiva. Si los defensores del Si están seguros de la bondad de lo que acordaron, “el mejor acuerdo posible” según ellos, no deberían temer que se consulte de nuevo a los ciudadanos.
La experiencia del referendo del 2003, en el cual participé activamente como viceministro de Justicia, muestra las dificultades del mecanismo. Por un lado, muchas preguntas pueden confundir al elector. El referendo debe ser corto, con preguntas concretas y simples, una por cada tema. Por el otro, el gran reto es superar el umbral. La apuesta de quienes se opusieron entonces fue la abstención. De hecho, todas las preguntas superaron el 90% de votos por el sí, pero solo la primera superó el umbral. Para movilizar a la ciudadanía es indispensable que los asuntos que se planteen sean muy atractivos.
El referendo es el camino para destrabar la falta de consenso político e institucional sobre temas, como los señalados arriba, cuya resolución es definitiva para el país. Cuente conmigo, presidente Uribe, para acompañarlo en esta batalla, crucial para el futuro: hasta el final por la defensa de la libertad y la democracia.