El reciente informe de Oxfam, confederación de organizaciones no gubernamentales de 90 países que trabajan para combatir la pobreza, confirma el diagnóstico sobre el devastador efecto de la pandemia en materia de desigualdad en el mundo.

La aplicación de la ley del más fuerte ha prevalecido, generando una especie de selección natural que beneficia a las empresas y personas que tenían una mejor posición económica.

Las 10 personas más ricas del mundo han duplicado sus fortunas, en tanto 160 millones de personas cayeron en la pobreza. Pese a que se genera crecimiento, la desigualdad se ha profundizado, lo que agudiza para América Latina su condición de ser la región más inequitativa del planeta. En ella, el 10% de la población concentra casi el 90% de la riqueza.

Los ricos se han enriquecido más aceleradamente, concentrándose los riesgos en las poblaciones pobres, más afectadas por el impacto sanitario y las restricciones. 2 personas en Latinoamérica son dueñas de la riqueza que corresponde a la mitad de la población de la región, cerca de 330 millones se individuos. El 32% de las muertes por Covid-19 han ocurrido en esta zona, más de un millón y medio de decesos, pese a que solamente representa el 8.5% de la población mundial.

Desigualdades estructurales han salido a flote, como también los efectos de insuficiente inversión en los sistemas de protección social y educación, y de las profundas inequidades, especialmente con las mujeres y con grupos raciales o étnicos.

La pobreza ha crecido un 30%, la informalidad se ha incrementado sustancialmente y se han perdido más de 20 millones de empleos, cuya recuperación comienza a darse, con el riesgo que ocurra en el sector informal.

Contrasta ello con la renuncia masiva que se viene presentando en los Estados Unidos, en donde para el 2021 más de 20 millones de personas abandonaron sus puestos de trabajo, para buscar nuevas oportunidades, en un mercado laboral con muy poca protección, que ahora incrementa sus ofertas de empleo y se enfrenta a no encontrar personal dispuesto.

La teoría del derrame, según la cual reducir impuestos y costos a personas y empresas con mayores ingresos generaría mayor desarrollo y equidad, porque se compartirían los beneficios de este crecimiento económico con sectores de menores ingresos, no ha funcionado. La debilidad de lo público en materia de rectoría, regulación, control y distribución ha sido evidente.

Afrontar los efectos aceleradores de inequidad provocados por la pandemia, es una prioridad frente a la reactivación que asumen los Estados. Con diálogo social y concertación, se requiere construir nuevas políticas públicas y, en particular, rediseñar y fortalecer las de protección social e inclusión.

Es tiempo de analizar propuestas como las de Piketty en cuanto a la redefinición de los sistemas tributarios y la implementación de impuestos sobre la riqueza, que además trasciendan la territorialidad estatal.

Entender que la asignación de recursos para cubrir necesidades sociales como educación, salud y protección social, es una inversión y no un mero gasto, es esencial para avanzar eficazmente en la superación de la inequidad.

Como lo señala Ocampo, la economía se recupera más rápido que la sociedad en tiempos de crisis, por lo que es preciso tener mucho cuidado en confiarse en las cifras de crecimiento, para entender cumplido el proceso de recuperación pos pandemia.

No sólo tendrá que adaptarse el mundo a convivir con nuevos riesgos como los virales, sino que tendrá la obligación de asumir con seriedad una readecuación de los modelos de desarrollo e integración global.

¿Capitalismo social o socialismo participativo? Más que categorización en ismos, se requiere un esfuerzo de la política por construir alternativas de renovación del sistema económico, desde una nueva democracia deliberativa.