Colombia viene de tener un comportamiento atípico y positivo si se compara con el de América Latina. Mientras que en el 2019 la región creció apenas un 0.1%, nosotros crecimos un 3.3% fundamentados en el impulso de la demanda interna y, en especial, el dinamismo del consumo de los hogares. Se preveía que en este 2020 el comportamiento de la economía sería incluso un tanto mejor: entre un 3.4% y 3.6%.
Pero se atravesaron el COVID-19 y los confinamientos y la economía se desbarrancó. El Gobierno, en el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado hace pocos días, asume que la economía caerá un 5.5%, en la línea intermedia de las proyecciones de Fedesarrollo y más optimista que el FMI, que pronostica una caída aún más brutal del 7.8%. En cualquiera de los dos escenarios, será el peor año desde que tengamos datos ciertos. Los sectores más golpeados serán, como era previsible, arte, entretenimiento y recreación (-28,2%), construcción (-16,1%) y comercio (-11,2%), siendo especialmente severo en el sub sector de alojamientos y servicios de comida, agrego yo, con una contracción que irá entre el 21 y el 40%.
Como resultado se disparará el desempleo que, a mayo, había llegado al 21.4%, es decir, tenemos al menos 2.616.000 más desempleados que a fines del año pasado. Y habrá más pobreza: crecerá en 15%, 7.3 millones de pobres más.
El Gobierno supone también que el déficit fiscal estará en el orden del 8.2%, como resultado de un aumento del gasto público de emergencia, en torno al 4.1%, para atender las demandas de la pandemia y la disminución del recaudo tributario en cerca de 24 billones de pesos.
A todo ello hay que sumar que la deuda bruta como porcentaje del PIB pasará del 50.6%, sin contar pasivos reconocidos, al 65.6%, 15 puntos más, como consecuencia de los créditos que ha asumido el Gobierno para atender la crisis. A diferencia de Perú o Chile, la crisis nos cogió con un altísimo endeudamiento, resultado de la irresponsabilidad fiscal y burocrática de Santos que llevó la deuda del 38.8%, en que la dejó Uribe, al 50% en el 2018.
En fin, el panorama es sumamente complicado, aunque el Gobierno es más optimista. Acá vale la pena citarlo textualmente: “[s]e espera que en 2021 el grueso de la economía retome sus actividades, una vez se disipe el choque asociado al COVID-19, permitiendo un rebote de la actividad productiva hasta alcanzar niveles del PIB similares a los de 2019. Lo anterior implicaría un crecimiento económico de 6,6%”.
Así las cosas, la recuperación de la economía tiene que ser el eje de todo el esfuerzo estatal. No debe haber otra prioridad. Hay que recuperar la senda del crecimiento y de la generación de empleo. Por un lado, debe hacerse desde el reconocimiento de que el tejido empresarial ha quedado seriamente afectado por la cuarentena. Miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que constituían el 96% de las del país, quebraron o quedaron maltrechas. Hay que concentrarse en ofrecer condiciones que faciliten nuevos emprendimientos, y que permitan financiar las que sobrevivieron a muy bajas tasas de interés, reducir los costos de generación de empleo sin afectar el salario de los trabajadores, y disminuir la tasa de tributación efectiva, una de las más altas del mundo. Nada hay más eficaz para generar trabajo que fortalecer el emprendimiento y las mypimes que, hasta la crisis, generaban el 80% del empleo.
Por el otro, habría que poner en marcha una política de austeridad estatal, recortar los compromisos presupuestales del pacto de Santos con las Farc, y concentrar el gasto público en proyectos que permitan crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. El desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y de impulso estructural a la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por ejemplo, tendrían la triple condición de incentivar crecimiento sustentable, generar empleo y disminuir la pobreza de las poblaciones más vulnerables.
Y hay que evitar las tentaciones de aumentar la carga a quienes ya pagan impuestos. Sería el puntillazo mortal para la clase media y el sector privado.
