Cuántas columnas se habrán escrito sobre los acuerdos de La Habana. En esta les comparto una mirada al capítulo uno y que tiene que ver con todo lo referente al desarrollo agropecuario, tema que a pesar de no ser el que más mueve la economía nacional, e involucrar solo al 20 % o 25 % de la población nacional, sí tiene unas gigantes connotaciones en el bienestar general de toda Colombia.

Por fuerza de mi condición gremial y laboral ese primer capítulo que se titula Reforma Rural Integral lo imprimí en letra grande y con doble renglón a fin de poder hacer anotaciones, las que inclusive ordené por colores advirtiendo fortalezas, vacios, riesgos y en general detalles que me permitieran tener un concepto lo más imparcial posible sobre tamaño tema. Son solo 21 páginas  de las 297 que contiene el documento, pero que hacen referencia no solo a cómo debemos los colombianos cultivar los alimentos y utilizar adecuadamente la tierra, sino – y debería ser así -  a la mejor manera de reconciliar unas históricas diferencias entre el campesino y lo que hoy en día se conoce como agricultura comercial, es decir, aquella que requiere un eslabón más al del charapo, las cotizas o el azadón.

En general en el documento se hace una necesarísima defensa de la economía campesina, comunitaria y familiar, como quiera que resulta evidente que mucha tierra hoy está en manos de pocas personas o empresas y que plantear estrategias que permitan democratizar su tenencia es causa noble que todos deberíamos aplaudir.

Preocupa sobremanera – o por lo menos yo no encontré un solo renglón – en donde esos cabos de las estadísticas; campesinos y empresarios agropecuarios,  se puedan encontrar sin que se corra el riesgo siempre latente de una lucha de clases al no descubrir un justo árbitro que los deje suficientemente tranquilos.

Expresiones allí consignadas como subsidios, fondo de tierras para adjudicación gratuita, transformación de la realidad rural con equidad, integralidad o fortalecimiento de la economía campesina, comunitaria y familiar  son necesidades que no fueron descubiertas solo ahora en la paradisíaca isla. Desvelan desde hace muchos años a políticos y gobernantes haciendo parte de los manuales del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas.

De otro lado, inquieta, por decir lo menos, que en ese primer  capítulo no se haga tan siquiera una sola mención a la necesaria coexistencia del  empresario rural con la clase campesina, binomio que en ciento de miles de ejemplos desarrolla proyectos productivos exitosos, unas veces en alianzas sinérgicas empresariales y otras en relaciones salariales de la mejor calidad. 

Que se requiere descubrir espacios donde el campesino mejore su nivel de vida y se iguale tan siquiera al que tenemos en las ciudades, es una “verdad de Perogrullo”, pero que para ello se ignore la presencia e importancia de la agricultura comercial que supere románticos niveles de autoconsumo y que impulse el negocio rural allende nuestras fronteras con claras fortalezas exportadoras, es en buena medida una cerrada visión de desarrollo. 

De pronto sea por nuestra cercanía, pero términos incluidos en el documento final como expropiación o extinción de dominio por “inapropiado uso social o ambiental”,  nos recuerdan al finado comandante Hugo Chávez Frías y para nada contribuyen al necesario clima de paz que se quiere implementar en el país.