El gobierno nacional, por estar aislado de la realidad regional, y con una burocracia anclada a una serie de sesgos ideológicos y paradigmas que se volvieron acto de fe con el “reconocimiento del conflicto político”, hace que los llamados paros armados, que no son otra cosa que actos de terrorismo en zonas abandonadas por el estado, se vuelvan en la prensa central, poco menos que un reto al poder del estado, que la izquierda, o sus amigos reales o de oportunidad (sean políticos u obispos), aprovechan para “llamar a la paz”.
Las zonas donde se dan los paros armados, no es coincidencia, que sean las más abandonadas del país. Entre otras están nuestro Catatumbo, Chocó, el Pacifico nariñense, los montes de María y el Arauca. Son regiones donde del estado solo llega el ejército, seguido de “defensores de derechos humanos” que actúan como barrera de protección de los “rebeldes”, y quienes en los “paros armados”, moviéndose en grupos pequeños queman tractomulas, vuelan vías y oleoductos o torres eléctricas, creando miedo entre una población que sabe que para los militares es imposible vigilar cada metro cuadrado del área. Y tampoco es coincidencia que ahora los paros sean más recurrentes en el Catatumbo, donde el régimen madurista les da cobijo y soporte logístico, a sus nuevos mejores amigos colombianos. Este no es un problema de conflicto político, sino de delincuencia organizada transnacional usando zonas de difícil topografía, cero infraestructura y ausencia del estado no armado, para su actuar delictivo. Ejemplos hay en el mundo.
En Afganistán hay unas montañas donde “rebeldes” llevan siglos escondiéndose. Colombia es una mezcla terrible de una muy fuerte topografía y una muy débil institucionalidad, centralizada y semiestatista.
Oír al presidente Duque con cara seria y mano enhiesta decir que se dará protección a todos en el “paro armado”, da la misma tranquilidad que oír a un borracho decir que el maneja su carro perfectamente cuando está prácticamente inconsciente por el alcohol. La solución del Catatumbo, y de las demás “zonas de conflicto” pasa por su conexión física competitiva y confiable a zonas de mayor desarrollo, es decir, por construcción de infraestructura real, que les permita empezar a pensar en un modelo de desarrollo real y sostenible, y no seguir con la idea de erradicar el crimen transnacional con zonas y planes de “paz”, bajo “cuidado” de la burocracia costosa y de izquierda de Naciones Unidas.
Pero este gobierno, como los anteriores, no tiene ninguna intención de hacer inversiones reales en el Catatumbo, por lo que los paros armados seguirán sucediendo, bien sea “ordenados” por el eln, las farc, el epl, o cualquiera otro de los grupos que allí luchan por controlar el negocio de la droga, los combustibles, el contrabando y todos los tráficos que hoy se anidan en Venezuela y su frontera con Colombia. Más aún, si la otra forma de lucha de la izquierda “castro-chavista”, los paros nacionales-asonadas, van perdiendo fuerza. Lo que es increíble es que el gobierno nacional aún no lea bien lo que está pasando y responda con mesas de concertación ante unas minorías con la misma agenda política de los ordenadores del paro armado, pues no es otra coincidencia, que entre los puntos de su pliego estén el de iniciar un proceso de paz sin condiciones con algunos de los grupos que usan la franquicia “eln” (porque eso es lo que es ese grupo, una marca de crimen organizado), o de abrir relaciones plenas con el régimen de Maduro. Tampoco me sorprende que el gobierno nacional ante los paros armados responda con vociferaciones de fuerza insustanciales, pero no con una verdadera estrategia para enfrentar esa vieja lacra del crimen organizado con careta de luchador político, que trae a la aplastante mayoría ciudadanos cada vez mayor incertidumbre.
He mencionado varias veces que hay que entender el uso del lenguaje que hace la izquierda. Asonadas y ataques terroristas se agrupan bajo la palabra “paro”, para indicar que es una respuesta popular a una acción del gobierno y no un acto de violencia planeado para generar miedo. Cuando algo lleva el apellido “social”, para la izquierda se corresponde con aquellos que hacen militancia o apoyo a su trabajo político: “organizaciones sociales”, “líderes sociales”, “movimientos sociales”. Por otra parte el apellido “popular” se utiliza como referente a la violación de alguna forma legal o a alguna acción unilateral tomada por miembros del movimiento. Por “concertación” entienden la aceptación plena de sus exigencias, so pena que se genere un “movimiento popular” de las “organizaciones sociales” que culmine en un “paro”. Y tampoco es coincidencia que en los más de 100 puntos de los “paros nacionales” no se solicite infraestructura para las zonas bajo control del crimen organizado, pues eso implicaría que una región
como el Catatumbo, con una vía de primer nivel o un sistema férreo, dejaría de ser zona de “conflicto” y pasaría a ser zona de desarrollo, acabando con un nido para los “rebeldes”. Y el gobierno tampoco tiene interés en hablar de eso, pues esas obras para zonas de abandono histórico no dan “cierre financiero”, al decir del tristemente célebre ministro de hacienda Carrasquilla. Entre mamertos y burócratas tecnócratas el país sigue su senda del subdesarrollo por la senda Venezuela.
El Catatumbo seguirá siendo una frontera judicial, como lo es desde los años 50 del siglo XX, mientras el régimen centralista y estatista siga jugando al “centralismo” con los antidemócratas. Parece que el presidente Duque sigue “concertando” más fácil con los líderes de los “paros” que con los ciudadanos. ¿Eso es lo que llaman política de centro? Es otra palabra que debemos definir, pues no es lo que usualmente entendemos.
