El presidente Petro prometió en campaña que a los tres meses de ser presidente se firmaría la paz con el ELN. Luego envalentonó a los grupos armados con la Ley de Paz Total, prometiéndoles aún sin argumentos a desertores e incumplidos tratamiento de grupo político. Paralelamente siguieron dañando la Fuerza Pública. Llamó a calificar servicios a más de 70 generales, le quitaron 800 mil millones al presupuesto de las Fuerzas y ordenaron recluirse en los cuarteles por la tregua.

En diciembre el presidente anunció 5 ceses al fuego bilaterales con grupos armados: El ELN, las disidencias de la Segunda Marquetalia, la del Estado Mayor Central, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada. Fue un anuncio y una tregua unilateral. La del ELN fue desautorizada por el mismo ELN, y la de las disidencias duró menos de cinco meses. No hubo nunca voluntad de paz por parte de estos grupos armados, pero el gobierno perdió meses cruciales en la lucha contra la criminalidad. Y la criminalidad si supo aprovechar los errores del gobierno.

Hoy el país cuenta con más de 16 mil hombres en armas en grupos ilegales. Cifras cercanas a las que teníamos en el año 2010, antes del acuerdo de La Habana. Es un aumento de más del 20% frente al 2020. Al 22 de mayo, Indepaz reportaba 37 masacres aumentando significativamente frente al año pasado. Las hectáreas de coca erradicadas por el Gobierno cayeron un -85%; erradicaron solo 2.765 hectáreas. Crecen los secuestros, los hurtos, la extorsión; y lo más grave, el control de los violentos desplaza al Estado de Derecho.  Los colombianos suplican hoy, otra vez, por seguridad.

En el Caquetá las disidencias están carnetizando a la población. Se habla de que tienen un catastro de la región más avanzado que el propio Estado. Cobran por cabeza de ganado y si ya se lo han robado, por hectárea. Parecido escenario se vive en el Cauca donde se requiere carta de autorización de los ilegales para entrar a los municipios.  Parecido al Huila donde obligan a carnetizarse a los miembros de juntas de acción comunal. Y la obligación en los tres departamentos a integrar guardias campesinas.

El ambiente está muy enrarecido para hacer política. Muchos expresan que no pueden usar el logo del Centro Democrático pese a ser de estas ideas; por el miedo y las amenazas. Nuestro candidato a la alcaldía de Florencia ya recibió una citación de las disidencias; si no presenta; será considerado objetivo militar. Y mientras tanto el gobierno le retiró el esquema de seguridad.

En la Guajira en el último mes y medio se han presentado dos masacres. Cuatro hombres fueron desmembrados y metidos en sacos en el municipio de Dibulla. En mayo se encontraron otras cinco personas desmembradas y en bolsas en el corregimiento de Pelechúa.

El reclutamiento forzado también va en aumento.  La Defensoría del Pueblo reporta 23 casos en lo corrido del año, 13 niños y 10 niñas en los departamentos del Cauca, Antioquia, Amazonas y Arauca. Un aumento del 53% comparado con el año pasado. Se tiene un mapa de riesgo en 294 municipios del país. No solo los reclutan sino que los asesinan si se escapan.

Para perplejidad de todos, la política de apoyo a todo aquel que sea criminal sigue avanzando: de la ley de “paz total” para el que delinca con banderas de izquierdas, vamos ahora a la de “sometimiento” para grupos ilegales organizados, y para el que delinque viene la ley de “humanización”.

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ahora Petro tendrá facultades extraordinarias para revaluar toda la política de drogas del país. Además, podrá implementar su programa “Jóvenes en Paz” para presuntamente darle 800 mil pesos a los jóvenes criminales que dejen las armas, especialmente Primera línea.

Y mientras meten en artículos ‘micos’ para indultar y liberar la primera línea, los colombianos ven como la violencia se toma el país.