El gobierno Petro aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Tiene algunos aspectos positivos entre los que destaca la política a favor de la economía popular, que es una de las urgencias más importantes de Colombia. Al respecto tiene muchos aspectos que no comparto, pero celebro el ánimo y la visión. Sin embargo, hay varios asuntos que me preocupan.
La más perturbadora de todas las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al Presidente es la que le permite decidir la tarifa del SOAT. El valor de la póliza es un ejercicio meramente técnico que responde a los valores esperados de las coberturas. Hacer populismo con esto implicará que el seguro deje de funcionar y que mayores costos recaigan sobre el sistema de salud.
Si bien logramos tumbar algunos micos como parte de las facultades para crear por decreto nuevas entidades, se fueron otros. La apetencia del Gobierno por la burocracia es proporcional a sus deseos de sacarle más y más recursos a los colombianos. No contentos con una reforma tributaria de 27 billones -la más grande de la historia- quería una sobretasa sobre el predial. Y cómo si los colombianos hoy no estuvieran preocupados por los excesivos cobros de prediales, aprobaron una actualización inmediata que iguale el avalúo catastral (la base del predial) a los avalúos comerciales. Como consecuencia, los prediales de todos los colombianos se encarecerán. Para muchos en la clase media será de tal magnitud que los obligará a declarar renta.
Afortunadamente logramos eliminar la condición de obligatoriedad a las recomendaciones de la “Comisión de la verdad”. Convertir ese relato en una verdad nacional suprimía la diversidad política propia de la democracia. Y no porque aquella interpretación no sea válida, sino precisamente, porque es la expresión de un sector político, no de todos, y todos tenemos derecho a nuestra particular expresión.
También logramos frenar la integración vertical que el gobierno quería hacer en la industria del gas creando un nuevo monopolio y acabando con los pequeños productores, transformadores y comercializadores de gas. Así como permitir los convenios para producción de vacunas y medicamentos biológicos también con empresas privadas y no solo públicas, como pretendía el Gobierno.
Los orangutanes sin duda se referían a la expropiación. Uno, que permitía que el Estado se hiciera a la tierra en 21 días ante la negativa del propietario a vender. Lo detectamos y lo denunciamos con tiempo, y se hundió. Otro, el que fue aprobado, lo metieron en silencio, sin que nadie lo detectara, vía proposición que no fue leída ni menos discutida. Que prevé expropiación cuando el propietario se niega a vender haciendo un análisis de la productividad y convirtiendo la UAF (unidad agrícola familiar) en un límite sobre la propiedad rural.
Y el otro orangután que casi pasa, pero se logró atajar fue el llamado giro directo. No es otra cosa que la mitad de la reforma a la salud de Petro que pretende eliminar los intermediarios, es decir las EPS. Quienes comprenden el sistema de aseguramiento entienden que con el giro directo se acaba del sistema, las EPS no tienen con que trabajar. También mienten quienes aseguran que el Estado es mejor pagador que las EPS. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales se explican claramente por la deuda del Estado a las EPS. Es fácil imaginar que si el Estado no es capaz de pagarle a unas pocas EPS, mucho menos lo será a miles de hospitales.
En materia ambiental es muy poco alentador el panorama. Subieron los impuestos de las energías alternativas del 1% al 6%, dejando al carbón en mejores condiciones, con el 4%. Con eso pusieron en entredicho la sostenibilidad de los proyectos de energías limpias. Y nuestras zonas de reserva forestal serán entregadas en concesiones de aprovechamiento a los campesinos. No podemos controlar que no talen, como será controlar la tala moderada…
El Plan Nacional fue aprobado con múltiples errores de procedimientos. Demandaremos ante la Corte.