Para los ciudadanos. Los comentarios que se han oído en los medios de comunicación acerca de la nueva ley de control del “negocio” de las fotomultas, una vez más muestra el estado que tenemos y su régimen correspondiente. La nueva ley, dicen las empresas de fotomultas aliadas con autoridades locales, no da inestabilidad jurídica.
Dos ideas centrales a desarrollar. La primera es una que he tratado muchas veces, que podemos llamar el “Estado social de derecho”, la concepción socialista arcaica que el Estado es el dador de todos los bienes y servicios, y bajo este manto, se convierte en el mayor extractor de rentas de la sociedad, convirtiendo al Estado en un botín pirata. La segunda es que, bajo el mismo concepto, el ciudadano no es el objeto del servicio del Estado, sino su rehén, por lo que las autoridades a todo nivel no son “servidores de lo público” sino reyes, virreyes, principitos y duques, que en sus períodos de gobierno pueden hacer lo que les dé la gana, como lo dejo en piedra un rey.
Todos hemos oído hablar que el Estado necesita recursos, y como bajo lo mencionado antes, sus obligaciones son infinitas necesita recursos infinitos, que solo puede extraer del ciudadano rehén. Es así como el Código de Policía, que en todos los países se enfoca a la seguridad ciudadana y el Código de Tránsito, que debía tener como objetivo la movilidad y la seguridad vial, se convierten en “reformitas tributarias”, con metas de ingreso, como todo negocio. Las fotomultas tienen el mismo objetivo presupuestario, solo que en este caso la alianza público-privada solo deja entre 10% y 25% para ingresos públicos y 75% a 90% para el privado. De fondo lo que hay es un acuerdo privado entre la autoridad local del momento y el concesionario, volviéndose la autoridad socio oculto del negocio.
Uno de los argumentos para defender este modelo es que los países desarrollados las usan. En los países desarrollados, el transporte es monopolio del Estado y por eso existen Autoridades de Tránsito que responden por la operación óptima del tránsito, incluyendo el transporte, buscando que el uso de los sistemas de transito sea seguro, económico, cómodo y le implique poco tiempo de viaje al ciudadano-usuario. En Colombia como sabemos, hay “empresarios” del transporte que “patrocinan” autoridades legislativas y ejecutivas locales, regionales y nacionales, por lo que el Estado no solo no lo monopoliza, sino que es el que lleva los costos fijos del sistema. Por eso nuestra autoridad de tránsito se reduce a un personaje escondido en una esquina para llamar a la grúa para “llevarse” a un mal parqueado. Una vez el sistema integrado de transporte masivo se monta y opera por la autoridad de tránsito y opera según lo previsto, cuyo objetivo final es lograr ciudades desarrolladas, se establecen las fotomultas para quien
es no dejen fluir el sistema. En Colombia hacemos al revés, las autoridades siguen permitiendo el transporte “privado” pero imponen castigos al ciudadano-usuario: pico y placa, día sin carro, fotomultas y todo lo demás para lograr que el ciudadano cumpla y se “culturice” con módicas multas por sacar el perro, comprar carro y otros delitos ciudadanos. La incapacidad de la autoridad la paga el ciudadano.
El Estado se autojustifica y se hace omnipresente al ciudadano como “castigador”, que es lo contrario de la democracia liberal, donde el ciudadano es el centro del estado y la autoridad que no se enfoque al desarrollo es castigada. Aquí no hablamos de desarrollo, sino de lucha de clases. Dos ejemplos son: Venezuela, la matriz pura del estatismo hampón y Colombia, alumno sobresaliente. La democracia liberal da estabilidad jurídica a los ciudadanos y no a los privados de los funcionarios de turno. Exigimos estabilidad jurídica para los ciudadanos.
