Hay que diferenciar entre las simpatías que se pueda o no por Trump y sus políticas y la calificación que se haga sobre la decisión de las grandes compañías de tecnología, las llamadas Big Tech, de cerrar las cuentas en las redes sociales del presidente de un estado democrático y de varios miles de sus simpatizantes. Que la sombra de un árbol, que genera tantos amores como odios, no nos impida ver el bosque.
Muchos han sostenido que las Big Tech estaban en su derecho de cerrar a discreción el acceso a sus plataformas a algunos usuarios porque son compañías privadas. Son privadas, claro, pero no son solo eso. Algunos de ellas, las que manejan redes sociales, son, de hecho, medios de comunicación. En el mundo contemporáneo, incluso mucho más poderosas e influyentes que los medios tradicionales. Por tanto, su regulación debería ser similar a las de esos medios, no solo la típica de una empresa privada que hace lo que quiere según las condiciones de uso que impone a su espacio.
Y la regulación de los medios de comunicación está determinada por los derechos de pensamiento y expresión, reconocidos en los tratados de derechos humanos, que incluyen “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, derechos que “no pueden estar sujetos a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”. “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares […] o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Después de convenir en que las redes no pueden caprichosamente eliminar usuarios, se podría alegar que si bien los tratados de derechos humanos protegen los derechos de pensamiento y expresión también establecen límites, entre ellos “toda propaganda en favor de la guerra y [… las] incitaciones a la violencia”. No puede ser de otra manera. Pero la calificación de una expresión como incitación a la violencia no puede ser caprichosa o arbitraria. La incitación debe ser clara, expresa, manifiesta, inequívoca, y no resultado de lecturas subjetivas o partidistas de lo expresado. Y ciertamente no puede haber doble estándar. Mantienen sus cuentas de Twitter jefes de estado de regímenes autoritarios como Díaz Canel de Cuba y Maduro, por ejemplo. Solo el viernes se cerraron las de criminales como Márquez o Santrich. Y hay que recordar que Twitter había censurado una publicación del New York Post sobre negocios turbios del hijo de Biden y que, en cambio, se ha negado a bloquear a los negacionistas del Holocausto. Ese doble estándar pareciera dar razón al argumento de quienes indican que Twitter aplica sus políticas basado en preferencias ideológicas o partidistas, censura a los conservadores y es tolerante con los “progresistas”.
Como resaltó con precisión Angela Merkel a través de su portavoz, la libertad de expresión solo puede restringirse “de acuerdo con la ley y dentro de un marco definido por los legisladores”, basada en estándares internacionales agrego yo, y en todo caso no “por decisión de los administradores de las plataformas de redes sociales”. No es aceptable que la decisión la tomen Zuckerberg, de Facebook, o Dorsey, de Twitter, caprichosamente. Ahora, como también es muy peligroso dejar la regulación en manos de los gobiernos, valdría la pena explorar la constitución de consejos reguladores independientes, como los que existen en varios países europeos para la prensa escrita.
En fin, estamos en una paradoja: las redes sociales democratizaron la información y dieron voz a quienes no tenía acceso a los medios. Pero hoy son muy poderosas, más grandes y ricas incluso que muchos estados, y parecen estar deviniendo en gigantes sin control, sin supervisión, sin contrapoder. Si además censuran, si silencian determinados contenidos y emisores, si se alinean por motivos ideológicos y partidistas, sin escuchar a las partes, sin las debidas garantías, terminarán siendo liberticidas.
