El 2017 inició como un año agitado, y no por las revelaciones que se han hecho sobre el monopolio de contratos de gran envergadura por parte de un único contratante durante la administración de Donamaris, situación que continúa durante el mandato de César Rojas; sino por las convulsionadas declaraciones y radicales amenazas que se han hecho en Estados Unidos por parte de algunos líderes políticos expertos en la desinformación.
Donald Trump y el muro en la frontera con México es el principal, pero el congresista de Wisconsin Paul Ryan no se queda atrás. Utilizando la misma retórica que ha empleado para convalidar todos los absurdos de Trump ha dejado claros sus propósitos compulsivos de control reproductivo.
Señaló que el Partido Republicano iba a detener las donaciones a Planned Parenthood (Planificación familiar) –organización que facilita servicios e información en salud reproductiva y educación sexual– porque, supuestamente, es una multinacional abortista que utiliza el dinero de los contribuyentes para practicar abortos.
Paul Ryan está equivocado, porque es totalmente ilegal que Planned Parenthood o cualquier otra organización con o sin ánimos de lucro financie abortos con dinero del Estado. Se puede financiar la salud sexual, los métodos anticonceptivos, las charlas educativas, todo, menos los abortos. Así que Ryan está desinformando a propósito para desprestigiar la labor de Planned Parenthood, que ha sido muy importante en el objetivo de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Planned Parenthood no se dedica a hacer abortos. Las actividades de información y prevención, esterilización, cuidado parental, tratamiento de ETS, exámenes de diagnóstico de cáncer de mama o cuello uterino e investigación son la parte más grande de la organización y ayudaron a prevenir el año pasado 579.000 embarazos no deseados.
Quitarle el dinero a una organización que ha ayudado a las mujeres, hombres y adolescentes y que además ha sido partícipe del lobby de los derechos de las mujeres es lo mismo que dar un paso hacia atrás en la lucha por la libertad sexual y reproductiva. Por eso miles de personas marcharon el 21 de enero en Estados Unidos, para evitar que se hagan retrocesos en materia de derechos.
Tal vez se pueda pensar: ¿qué le importa a una mujer de 22 años que vive en una pequeña ciudad de un país en vías de desarrollo lo que suceda con las chicas de su edad, mayores o menores que ella, que viven en una potencia mundial? La respuesta es sencilla. Me importa lo que pasa con las mujeres de Estados Unidos porque me importa lo que pase con las mujeres del mundo, los derechos que tienen, las prohibiciones a las que las someten y los derechos que les quitan día a día políticos como Paul Ryan.
Me importa, como me importa lo que pasa con las niñas y mujeres en Siria, a quienes no se les permite andar en bicicleta, como me importa lo que pasa en Burkina Faso, donde las niñas son obligadas a casarse y embarazarse de forma precoz, o en Afganistán por la comisión de ‘delitos de honor’, y hasta en Europa, donde 180.000 niñas corren el riesgo de ser mutiladas genitalmente, todo esto y mucho más interfiere en el libre desarrollo de las mujeres y tiene una incidencia indiscutible en el ejercicio de los derechos de las mujeres en el mundo, incluida la olvidada región fronteriza de la que provengo.
A propósito, departamento en el que sólo se va a invertir cien millones de pesos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y otra pequeña suma de cuarenta millones para la promoción de la diversidad.
Por el gran impacto positivo que ha generado Planned Parenthood, a diferencia de las entidades gubernamentales que tratan con ligereza el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, me importa, porque es una organización que ha logrado en cien años lo que pretenden destruir en un mandato.
