El análisis hay que hacerlo desde dos perspectivas: una histórica y la otra constitucional. En junio de 1945 el hijo de López Pumarejo, Alfonso López Michelsen había incurrido en excesos en un negocio con la empresa holandesa La Handel, y la Trilladora Tolima, negocios en los que el hijo había logrado grandes ganancias, y igual que ahora, el presidente perdió toda gobernabilidad que llevó incluso a que su propio partido se dividiera hacia las elecciones. La crisis era total. Al presidente no le quedó otro camino que renunciar, el congreso eligió a Alberto Lleras Camargo y se posesionó el 7 de agosto de 1945. Es decir, hace 78 años un hijo “tumba” a su padre de la presidencia. No ha sido la primera vez que un hijo de un presidente, o alguien muy cercano, trate de sacar ventaja de esa cercanía.
Pocos años después en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, su hija María Eugenia, “La Nena”, estaba casada con Samuel Moreno Díaz, y este último se había enriquecido con exportaciones irregulares a través de una comercializadora llamada Cendas, y ya en la ingobernabilidad del presidente, su hija va a la plaza de Toros en enero de 1956, es abucheada, el público aplaude a Alberto Lleras Camargo, y a los 8 días el gobierno organiza una nueva corrida y camufla a más de un policía vestidos con atuendos de aficionado, y ahí matan a los que nuevamente abuchearon a la hija del presidente. La caída de Rojas Pinilla era inminente.
Hace 28 años el país vivía el escándalo en el gobierno Samper por la entrada de dineros del cartel de Cali. La cámara de representantes decide no acusarlo, se salva el presidente, y creo que a diferencia de ahora, Samper no cae porque tenía más maniobrabilidad política que la que ahora tiene Petro. Ahí puede haber una diferencia fundamental, determinante en lo que podría ocurrir ahora. Años después otros hijos de otro presidente se enriquecieron por su cercanía con el poder. No les pasó nada.
Ahora analicemos el panorama constitucional. Al presidente lo empieza a investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. A mi juicio en esa investigación en algún momento deben trasladar las pruebas que ya ha adelantado la fiscalía en el caso de Nicolás Petro, es decir, la confesión que hubo dineros ilícitos que entraron a la campaña. Desde ese momento se le complica la situación de manera grave al presidente, porque su defensa empezará a argumentar – igual que hace 28 años con Samper -, si sabía o no sobre la entrada de dineros ilícitos a la campaña. Una versión 2, muy colombiana, de “Un elefante a mis espaldas”.
Con lo que hoy conocemos, es muy probable que la Comisión de Acusaciones termine en unos meses acusando ante la plenaria de la Cámara de representantes a Petro. Ahí comenzará, probablemente a finales de este año, o aún peor, coincidiendo en plenas elecciones regionales, un pulso por la votación en la cámara si decide o no acusar al presidente. Si la plenaria lo acusa, constitucionalmente el juzgamiento le corresponde al Senado, y si este último acepta la acusación, el presidente quedaría suspendido del cargo. Ahí comienza otra gran polémica, porque en ese escenario podríamos quedar por un tiempo bajo el mandato de la vicepresidente Francia Márquez, y ahí otra polémica más ¿debería caer también la vicepresidenta por tratarse de la misma fórmula que ganó la presidencia?
Todo esto podría suceder mientras el país va a un abismo. Y algo peor que falta, que como se dice que la historia se repite; ojalá que en algunos años como sucediera con López Michelsen que en el 45 tumbó a su padre de la Presidencia por negocios, y después el hijo fue presidente, solo espero que en algunos años no esté en este país de candidato Nicolás Petro a la Presidencia, y de primera dama Day Vásquez, ya reconciliados.
