Si alguien puede saber verdades sobre los paraísos fiscales y los llamados “Panamá papers”, en los que mencionan a 850 colombianos –casi todos aún ocultos–, es un ex director de la DIAN. Juan Ricardo Ortega ha hecho explicaciones que dejan en ridículo a los que ponen el énfasis, no en las generalizadas y notorias corruptelas del caso, sino en las excepciones. Porque, según Ortega y todo analista que no niegue los hechos, la razón fundamental para llevar dineros a Panamá y a países semejantes es la de ocultar que provienen de todas las formas del crimen organizado, la corrupción y la evasión tributaria (http://bit.ly/1SzHhq5 y http://bit.ly/1VHTME2). Luego el ilícito menor consiste en no pagar los impuestos, dejándoles la carga a los que sí respetan las normas.
En alguno de los papeles de la firma panameña Mossack Fonseca que se filtraron, empleados del bufete le dicen a un abogado colombiano: “Habíamos quedado pendientes en revisar un tema de refacturación que le envié propuesta (sic), pero el cliente desafortunadamente ya había sacado algunos montos y sustentado algunas partidas. Entonces concluimos que lo mejor era hacerlo para un próximo monto ya que podría ser muy visible ante la DIAN, para el mismo cliente y un riesgo para nosotros emitir una factura por un dinero que ya no está”. Y en otra comunicación hablan de “revisar cuál era la mejor forma de sacar el dinero del cliente como una inversión extranjera de colombiano afuera, para luego ese dinero pasarlo a la cuenta de una de las panameñas y traer nuevamente la plata Colombia como capitalización de la SAS” (http://bit.ly/1pqhPsr). Que nadie dude que entre los objetivos de esta firma está promover la ilegalidad de cuello blanco.
No se trata de sumas menores. El mismo Ortega comenta una tesis doctoral realizada en Francia en la que calcularon en cien mil millones de dólares las platas de colombianos en paraísos fiscales como Panamá y se calcula que la evasión tributaria por este concepto le cuesta al país seis mil millones de dólares anuales, unos 18 billones de pesos. Para darse una idea de a cuánto equivalen esas sumas, con la reforma tributaria en ciernes Santos aspira a sacarles a la clase media y al pueblo raso 16 billones de pesos en IVA y en otros impuestos. Y esto ocurre mientras, por presiones del gobierno de Panamá y de algunos nativos, Santos le retiró la clasificación de paraíso fiscal a ese país, declaratoria que permite perseguir estas corruptelas.
Dentro de la lógica de justificar a los colombianos que ilegalmente ocultan cien mil millones de dólares en Panamá y en otros paraísos fiscales, aparecen análisis en extremo cándidos o muy astutos que los presentan como víctimas, porque, dicen, en Colombia los impuestos son muy altos y para qué pagarlos si terminan en la corrupción oficial. En relación con la primera afirmación, es falso, así a toda hora repitan lo contrario, que en el país solo pagan impuestos los muy poderosos, los cuales tributan en exceso. Las cifras oficiales señalan que el impuesto de renta declarado por las cien empresas más grandes del país, sin incluir los bancos y donde 59 son extranjeras, representa menos del siete por ciento del total del recaudo de todos los impuestos, en tanto concentran el 40 por ciento de los activos de todas las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y se sabe de lo poco que pagan las personas naturales más poderosas. Que el debate sobre la reforma tributaria santista empiece porque el ministro de Hacienda haga públicas las cifras, certificadas, de los impuestos reales, no nominales, que cada sector paga en Colombia, porque si bien las opiniones pueden ser diversas, los hechos deben ser los mismos para todos.
Y quedan muy mal quienes arguyen que algunos tienen el derecho a enfrentar la corrupción oficial mediante el expediente de robarse los impuestos que deben pagar, al tiempo en que presionan para que se los aumenten a los pendejos que sí los pagan, mientras el país, también por una tributación exigua de acuerdo con los estándares internacionales, se hunde en el atraso, el desempleo, la pobreza y la mayor desigualdad social.
Las anteriores verdades no dejan de serlo porque también sea cierta otra realidad que indica que la filtración de los papeles de Mossack Fonseca proviene de la maniobra de un paraíso fiscal más poderoso que Panamá –este negocio existe en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros 74 países y territorios–, para desplazarla de un negocio tan lucrativo como todos los que son corruptos.
