Se esgrimen muchos argumentos por los candidatos para reformar la justicia como si solo en ella se vieran actos de corrupción.
Urge una reforma integral, despolitizar la justicia, eliminando la nominación del Senado para Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; carrera judicial para las Altas Cortes, con requisitos académicos más severos, ser tratadista, profesor universitario mínimo 15 años, doctorado y dos especializaciones al menos, entre otros, que brinden garantía de formación adecuada, periodo en el cual se ha llegado a la madurez jurídica, más, cuando la jubilación por retiro forzoso se amplió a los 70 años.
Igualmente, eliminar postulaciones o nombramientos para contralor, fiscal General y procurador o cualquier otra nominación, cargos que deben ser objeto de concurso, con un bagaje profesional amplio y con iguales condiciones que para ser magistrado o consejero de Estado.
Ciertamente la Corte Suprema de Justicia tuvo la Sala Constitucional, pero, antes de la reforma de la Constitución del 91 no habían las Acciones Constitucionales, como la tutela, la mejor conquista del 91, acciones populares, acciones de grupo, habeas data, así como se fortaleció el habeas corpus y no había la defensa de los derechos ciudadanos; el Estado detentaba el poder traduciéndose en el derecho a elegir y ser elegido, la participación ciudadana, como en el caso del Páramo de Santurbán y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se piensa explotar mediante la minería el subsuelo, con los consecuentes perjuicios para la población por la destrucción del medio ambiente, desforestación, cambios ambientales entre otros aspectos negativos, conquistas de la nueva Constitución.
Es menester, implementar la carrera administrativa para todos los cargos públicos, con lo cual se finiquitaría la maquinaria electoral en gran parte, el cobro de un porcentaje mensual como la investigación que se adelanta a la hija de Malo, fortalecer la contratación sea desde ministerios, institutos descentralizados, gobernaciones y alcaldías, prohibiéndose rotundamente la contratación a dedo, pauta para generar votos en épocas electorales.
Y un cambio serio en la votación, sin los triángulos enclenques donde están al lado los jurados y los capitanes de las zonas políticas, pendientes de constatar el voto, producto de la compra del mismo, que éste se realice independientemente en módulos con cortinas, donde se pueda votar sin constreñimiento de ninguna naturaleza.
Y Duque habla en su programa de reducir el Congreso, lo cual sería visto con muy buen ojo por la ciudadanía, con un representante y un senador por departamento, lográndose así, sería reducción en el funcionamiento del Congreso, con máximo dos periodos de 4 años, sin reducir el salario por ser cargos representativos, al tiempo que la verdadera economía sería por la reducción del tamaño del Congreso.
Y estos puntos entre otros, darían pie para iniciar una verdadera reforma anticorrupción en el país, que desangra las arcas estatales y se evitaría la lucha irracional por defender los candidatos que participan en las contiendas electorales, así como eliminar cualquier vestigio de auxilios parlamentarios, regionales o mermelada, que nunca llegan al destino final, sino se traduce en contratos y subcontratos donde se esfuman los dineros como por arte de magia, siendo importante fortalecer los entes de control, despolitizarlos, porque conservan ese aroma de corrupción.
Otro aspecto importantísimo, sería eliminar la detención domiciliaria para aquellos eventos de corrupción, donde se apropian de los dineros del Estado o solicitan dineros, y se imponen penas mínimas, que con buena conducta, estudio y trabajo en las penitenciarías se reducen sustancialmente, permitiéndoles reintegrar una suma ínfima de lo hurtado para salir a disfrutar el grueso del dinero escatimado a los ciudadanos pues es el producto de sus impuestos y se envía un mensaje indebido a la ciudadanía, en el sentido que robar es lucrativo y paga hacerlo, así como debe considerarse elemento de alta peligrosidad a esos funcionarios que se apoderan de dineros del Estado por ser personas de amplios estudios que merecen sanción más rígidas (ladrones de cuello blanco).
Y para que la justicia funcione es importante darle autonomía e independencia presupuestal e incrementar ese rubro para fortalecerla.
