Sin duda alguna la consulta anticorrupción, desde la recolección de firmas, su aprobación en el Congreso y su final en la exitosa y sorprendente participación de casi 12 millones de colombianos de manera espontánea e independiente, permitió visibilizar el grave problema que nos afecta desde hace décadas y que tiene su principal explicación en la cultura del dinero fácil que nos dejó el fenómeno del narcotráfico en todas las capas de la sociedad colombiana.
Como nunca antes, hoy los ciudadanos tienen consciencia de la relación directa entre la escasez de recursos públicos para afrontar desafíos como el de la educación pública o la solución a la crisis estructural de la salud, con las mafias que se apoderan de la plata del estado en los distintos niveles del gobierno central, regional y local, con la complacencia y complicidad de empresarios y sector privado. No hay día en que los medios de comunicación no registren el descubrimiento de un nuevo “cartel” o “carrusel” en Colombia. El cartel de la hemofilia, el cartel de la toga, el carrusel de la salud, el carrusel de las pensiones, para sólo mencionar los más sonados y recientes casos.
Por ello, la visibilización y comprensión de la gravedad del fenómeno y la forma dramática cómo afecta nuestras posibilidades de desarrollo, es sin duda el éxito más grande de la consulta anticorrupción a la que faltó muy poco para lograr el umbral legal. Pero si superó con creces el umbral político y por ello preocupa la actitud miope del Congreso de imponer operación tortuga a los proyectos que recogen la voluntad expresa de 12 millones de compatriotas. También sorprende la indiferencia y desgano con las que el gobierno nacional asumió el liderazgo de esa agenda legislativa anticorrupción, que de hacerse realidad será un muy buen primer paso en la dirección de la lucha contra este flagelo. Ojalá en esta recta final del periodo legislativo los congresistas de todas las bancadas reflexionen con serenidad y seriedad sobre su actitud ante este clamor ciudadano, más allá de las antipatías personales que puedan tener con sus promotores y promotoras.
Pero más allá de la aprobación de estas iniciativas, se requiere una verdadera y profunda reforma al sistema político colombiano, si realmente queremos derrotar de fondo la corrupción. Mientras sigamos eligiendo congreso, gobernadores y alcaldes de la manera como lo hacemos hoy, con voto preferente, con ríos de platas legales e ilegales y sin un organismo serio y eficiente que controle esa financiación, continuará el círculo vicioso que hoy padece la democracia colombiana en la que el único partido que se consolida es el de los contratistas.
Y lamentablemente los partidos y los congresistas no parecen entender el fuerte mensaje de la ciudadanía independiente y por eso avanza su gradual desaparición del escenario democrático, al seguir aferrados a las viejas formas de la política que la inmensa mayoría de los colombianos rechazan. El perezoso trámite de una reforma política que en los últimos años una y otra vez es rechazada por los congresistas, nos demuestra esa incapacidad de interpretar las exigencias de la gente.
Con solo tres decisiones de fondo que el Congreso adoptara, comenzaría a sanearse el sistema político colombiano. Eliminación del voto preferente, financiación exclusivamente estatal de las campañas políticas, al menos por un par de períodos electorales, y la creación de una corte electoral independiente, despolitizada y con integrantes de las más altas calidades morales y jurídicas. No se necesita más. Tenemos que ser capaces de construir una democracia transparente y en condiciones de igualdad para todos. Ya Colombia avanzó en su sistema político al erradicar, con la desmovilización y desarme de las Farc, la perversa mezcla de fusiles y votos. Ahora el nuevo desafío es quebrar la relación de corrupción con las elecciones. Es una tarea pendiente y hasta el momento el Congreso se muestra inferior a ese reto. Ojalá recapaciten.
