La gobernabilidad no es una opción, es condición indispensable para un buen gobierno. Peor, si no se tiene gobernabilidad es probable que el gobierno fracase y, en todo caso, es seguro que quedará condenado a ser rehén de los congresistas de la oposición.

La gobernabilidad tiene dos fuentes. Una, la más deseable, proviene del apoyo ciudadano a la gestión del gobierno. El ejemplo paradigmático es el de Uribe, que nunca bajó del 70% de aprobación y que en momentos alcanzó el 85%. Con esa fuerza, el grueso de sus iniciativas salió adelante.

La otra fuente es un acuerdo con partidos y movimientos políticos que garantice unas mayorías en el Congreso, de manera que las propuestas gubernamentales puedan ver la luz. Fue lo que construyó Santos, tan impopular como efectivo a la hora de obtener apoyos legislativos, en los medios y en las altas cortes. Que sus métodos hayan sido inmorales, y en ocasiones además ilícitos, no le resta eficacia.  Incluso se dio el lujo de violar de manera abierta y descarada la democracia y desconocer el triunfo del NO y de manosear la Constitución hasta volverla un trapo con la venia de la mayoría de la Constitucional.

Santos, sin embargo, basó su gobernabilidad no en la solidaridad con ideas o propuestas sino en complicidades en el delito y en el desangre de los presupuestos públicos por vía de la mermelada. Inventor como fue de los “cupos indicativos”, su capacidad de comprar voluntades usó formas aún más perversas: concedió contratos a tutiplén, a costa de nuestros impuestos, y entregó ministerios y entidades para que los políticos aumentaran sin pudor la burocracia y entraran a saco a sus presupuestos, sin control fiscal, disciplinario o judicial alguno.

Pues bien, vengo insistiendo en que Duque necesita gobernabilidad y que en obtenerla debería estar su principal prioridad. Sin ella, repito, no puede sacar adelante sus propuestas y programas en el Congreso. Peor, como lo mostró el debate de censura a Guillermo Botero, hoy es rehén de una mayoría parlamentaria de partidos “independientes” y la oposición. Duque necesita quitarse de encima esa sombra permanente y amenazante y construir las mayorías que le permitan ser exitoso. 

Para ese propósito requiere que Cambio Radical, con quien hay afinidades programáticas naturales, entre al gobierno. Y que también lo hagan, de hecho y no solo formalmente, con la mayoría de la U (con Roy y sus secuaces no es deseable un acuerdo). Quizás sea posible también un compromiso con el liberalismo o con parte del mismo.

Ahora bien, para que esta gobernabilidad no se funde en la mermelada ni el complicidad delincuencial, es indispensable que, primero, el acuerdo sea fundamentalmente programático y público; segundo, que los nombres de quienes harán parte del gobierno no sean impuestos sino cuidadosamente escogidos por el Presidente; y, tercero, que Duque se reserve para si el segundo de a bordo y, en todo caso, los encargados del control interno.

Un gobierno de coalición es lo usual cuando la elección del jefe de gobierno es resultado, como fue la de Duque, de una alianza electoral. Que quienes hicieron parte de esa alianza hagan parte del gobierno no solo no es incorrecto sino que es lo natural. Acá y en Cafarnaún. Lo que es indeseable e inaceptable y hay que evitar a toda costa, es la corrupción. No puede olvidarse ni por un instante que a este gobierno lo elegimos para romper con el régimen y para luchar, sin tregua, contra los corruptos. 

Un par de observaciones finales: en este complejo rompecabezas, Duque tiene que cuidarse de no abrir un hueco tratando de tapar otro. La ecuación no puede cuadrarse a costa de los partidos y movimientos que desde el primer día han apoyado su gobierno y que hoy, es un secreto a voces, no se sienten adecuadamente representados. El peor escenario es el de un gobierno que incendia su lado de la pradera. Y un mejor equilibrio regional no sobra. Hay muchos ministros del suroccidente y, por ejemplo, ni uno solo de Antioquia, el eje cafetero o Norte de Santander.