Para justificar su propuesta de reforma, Petro y Corcho mienten diciendo  que el de Colombia es uno de los peores sistemas de salud del mundo. Distintas fuentes sostienen que es uno de los mejores. Según la OMS, es el mejor de América y el vigésimo segundo del mundo. De acuerdo con Bloomberg, el décimo segundo en el planeta y solo debajo de Canadá en el Continente. El Haleon Report nos califica como sextos en producción de salud en sociedad y vigésimos en inclusión social. Para The Economist, lo hacemos aún mejor: seríamos el sexto más inclusivo en el mundo. Según América Economía, cinco de los diez mejores hospitales y clínicas de Latinoamérica son colombianos. Tenemos veintisiete entre los primeros sesenta.  

En cualquier caso, más allá de la discusión sobre criterios de calificación, los datos son incuestionables: en 2022, el sistema de salud alcanzó una cobertura del 99,6% y 24’745.934 ciudadanos estaban en el régimen subsidiado, haciéndolo el más progresivo y el de mayor cobertura en América. El sistema colombiano es, como muy pocos en el mundo, universal, y aún los usuarios más pobres son atendidos, sin costo diferencial frente a los más ricos, en las clínicas privadas de más renombre y prestigio. En fin, en materia de salud lo hacemos bastante bien en términos comparados.

Sin embargo, hay áreas de mejora. Acuerdo general en dos: la cobertura en las zonas rurales es insuficiente y es deseable más énfasis en la prevención.

En contra de lo dicho en estos días de adanismo gubernamental, en Colombia se vienen haciendo esfuerzos en materia de atención primaria en salud. Un mayor énfasis no sobra, pero la reforma está lejos de dar solución al desafío. Lo que sí es claro es que el modelo venezolano de Barrio Adentro ha demostrado ser un fracaso. Y el mejor ejemplo del desastre en Colombia, vaya paradoja, fueron los “Territorios saludables” de Petro alcalde. La burocracia y la corrupción imperaron (de 8.000 contratados apenas mil eran médicos y enfermeras y los demás “enlaces comunitarios”) y los indicadores en lugar de mejorar se deterioraron.

La reforma, además, camina en la dirección equivocada cuando obliga a los ciudadanos a acudir a los llamados Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud que se crearían, uno por cada veinticinco mil habitantes, que estarían a cargo de las secretarías municipales. No solo su costo es indeterminado, pero en cualquier caso inmenso y no hay equipos médicos y de enfermeras suficientes, sino que obligar al ciudadano a pasar por ahí para ser atendido es exactamente lo contrario a lo deseable: un sistema donde el ciudadano pueda ser atendido en cualquier entidad de prestación de salud sin importar dónde se encuentre y, hoy, la EPS a la que se encuentre afiliado. No es difícil imaginar la caída en la calidad de la atención, peores demoras, un atasco monumental en el acceso a especialistas y procedimientos, y la corrupción del servicio por la necesidad de padrinos y enchufados que agilicen la respuesta estatal.  

La propuesta pone en peligro el aseguramiento en salud, el corazón del sistema actual. La reforma elimina esa función para las EPS y la traslada al Estado, a través del ADRES, las secretarías departamentales y municipales de salud, y los Fondos Regionales de Salud. 

La reforma hace ilusoria la libertad ciudadana de elegir el mejor sistema de salud: lleva a la eliminación de las EPS al volverlas inviables y a la estatización del sistema. Claro, eso que al ciudadano espanta, el monopolio público, es la razón por que a tanto politiquero le encantará la propuesta: muchos más recursos a merced de los burócratas y mucha más corrupción.