La palabra seguridad en español se utiliza para riesgos asociados con actos dolosos realizados por personas contra bienes y personas, incluyendo amenazas cibernéticas, así como para actos realizados por personas de forma culposa, o para las amenazas naturales. En inglés, en cambio, a los riesgos antrópicos dolosos, se los agrupa en la palabra security, mientras que los riesgos antrópicos culposos y los riesgos naturales se denominan con la palabra safety. El riesgo comporta dos componentes: uno externo, que es la amenaza, el evento objetivo y medible que tiene probabilidad de suceder, pongamos como ejemplo, el sismo máximo esperado en una falla geológica, y el componente interno o endógeno, que se refiere a que tan preparadas están nuestras estructuras naturales o hechas por el hombre para resistir esa eventualidad, sin pérdidas de vidas humanas; eso es lo que se llama vulnerabilidad. O de recuperarnos de ese evento en el menor tiempo posible, lo que se conoce como resiliencia.
El concepto de seguridad dolosa (security), se puede dividir en cinco grandes rubros. El primero es el de la de seguridad nacional, que corresponde a amenazas como país, por parte de enemigos externos. Este es un asunto responsabilidad exclusiva del Estado, y sólo a él compete la estrategia de defensa. Actualmente la mayor amenaza de seguridad nacional para Colombia, es Venezuela, y responsablemente, ya debe haber escenarios estudiados en caso de darse ese conflicto. Activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la OEA es una de esas estrategias. El segundo rubro de security corresponde al crimen organizado (nacional y/o transnacional), que puede tener colusión con el riesgo de seguridad nacional: allí están, por ejemplo, los carteles de narcotráfico colombiano, guerrillas incluidas. Este también es un asunto de estado y de acuerdos transnacionales, y es un riesgo creciente con el mar de coca que nos dejó el Nobel. Estos dos rubros, en lo regional, confluyen en el Catatumbo, la zona más insegura hoy de Colombia, que debía contar con una política estatal real, diferente a la del anterior gobierno, de dejarle mano libre al delito organizado.
El tercer rubro corresponde al de la delincuencia común, que en parte tiene base social por condiciones de vida marginal y alienada. El último es el delincuente por decisión propia, que siempre ha existido y siempre existirá. La corrupción política podría caber en este rubro, pero como es una amenaza no acompañada de fuerza, usualmente se saca de las consideraciones de seguridad. Y el último, corresponde al cibercrimen, que va desde el hackeo de cuentas de ahorro hasta el sabotaje de infraestructura, e incluso a la creación de amenazas ficticias. Es la modalidad de crimen propia de la era de la información, que se irá profundizando y extendiendo. Todas pueden mezclarse y hacerse así más graves.
En los dos primeros casos, el riesgo de guerra y el crimen organizado, a la región le corresponde exigir al gobierno nacional que incremente el pie de fuerza militar, para no quedar como la frontera como cordero en matadero, ofreciendo terrenos municipales para acantonar las nuevas fuerzas. En cuanto al crimen organizado, la inteligencia ha mostrado que es la mejor arma contra ellos, por lo que Cúcuta debería también tener un fuerte componente militar y policial en este sentido. Es bueno ser frontera, no carnada.
Para atacar el crimen común, de origen social o no, qué si son nuestra responsabilidad, dos elementos son esenciales para ello. El primero es un desarrollo urbano ordenado, para lo cual es esencial contar con una planificación real del territorio, que implica, ante todo, tener una clara visión regional de desarrollo económico Y la información también debe ser la base para desarrollar inteligencia local en la lucha contra el crimen común. Es de vital importancia la creación de una central de información geográfica en una alianza sector privado-gobierno-universidad, que a su vez sirva para propósitos académicos universitarios. Contar con una central de este nivel que debería contar con equipos de captura de información, incluyendo drones, y equipos de procesamiento de big data, operados por una comunidad universitaria de alto nivel, daría el insumo para atender los temas de seguridad común, y podría colaborar con el gobierno nacional en sus labores de inteligencia contra el crimen organizado; también sería útil para luchar contra el cibercrimen, al menos en lo regional.
La georreferenciación del delito junto con la identificación de las condiciones de estructura física en que se amparan, permiten desarrollar escenarios tanto de represión y neutralización puntual, como políticas urbanas de equilibrio social que “abran” los espacios urbanos a la luz pública, lo cual, sumado a una seria política de protección familiar y educación pertinente, dejaran de nutrir el crimen de muchachos alienados en lo urbano. La seguridad no es un tema aparte de la planificación urbana y del desarrollo de la ciudad. Si el gobierno nacional hace su parte, y nosotros la nuestra, en el mediano plazo podríamos ver resultados en descenso de la seguridad; si no, la inseguridad superará al empleo como la principal causa de preocupación local.
