Experiencias exitosas muestran que es posible combatir los narcocultivos sin la fumigación, como lo muestra el experto ingles James Windle con ejemplos de políticas exitosas de erradicación principalmente del opio, en Medio Oriente, África y Asia. En esas experiencias exitosas se puede identificar un patrón de elementos comunes integrados en un gran esfuerzo nacional o regional de desarrollo rural y económico para superar la época de las políticas individuales. Los hallazgos de Windle no deberían sorprendernos en Colombia, pues en mayor o menor grado los conocemos, pero poco hemos aplicado. Dichos elementos comunes se pueden agrupar en tres ejes principales.
El primero es que la responsabilidad es del gobierno nacional, que debe asumir no por exigencia o imposición norteamericana, sino porque para el país en cuestión es un asunto de interés nacional. En Colombia depende que finalmente el país pueda dejar atrás años de violencia, pues solo en la medida en que todos aceptemos el papel estelar que jugó el narcotráfico y más recientemente la minería criminal, en los últimos 35 o 40 años de un conflicto interno cada vez más degradado, será posible que los propósitos de los acuerdos firmados por el estado colombiano, dejen de ser una simple buena intención para convertirse en acciones transformadoras de los territorios y comunidades que fueron las víctimas principales de ?los años sin razón? que les correspondió vivir, sin que el resto del país se enterara de la tragedia sin fin ni propósito que enfrentaban.
El segundo eje es que el Estado con su compromiso, recursos y acción debe arremangarse y hacer una presencia integral y permanente en esas zonas, hombro a hombro con las comunidades que las habitan. Esta es la falla más preocupante que presenta hoy el país. Una vez firmado el Acuerdo, el Estado debió de inmediato hacer una presencia efectiva y suficiente en esos territorios que abandonaba la paraestatalidad de facto de las FARC; pero nadie llegó y el vacío lo llenaron distintos grupos armados con un propósito común: controlarlos para continuar o ampliar el negocio de la coca. Las experiencias exitosas analizadas tienen como elemento central la llegada del Estado y su relacionamiento con las comunidades que participan activamente en la planeación y ejecución del proyecto, integrado al plan nacional de desarrollo. Con la fumigación, el resultado es el opuesto, pues termina por aislar y enfrentar a los campesinos cultivadores con el Estado; al poco tiempo, aumentan los cultivos.
El tercer eje es una conclusión lógica del anterior; esas comunidades y esos productores necesitan consolidar unas condiciones de desarrollo productivo y de dotación de bienes públicos, donde son fundamentales las vías y acceso al mercado, para garantizarles unas condiciones de vida dignas y la viabilidad y sostenibilidad de una actividad económica que confronte las condiciones que les ofrecen los narcotraficantes. Esto en Colombia es bien difícil y ha llevado a que fracasen las múltiples alternativas de desarrollo alternativo; ya debería estar claro que no pueden reducirse a acciones sueltas y temporales, que son el resultado de una estrategia integral, trabajada con la gente, que es parte constitutiva de las políticas nacionales de desarrollo rural; se siguen adelantando acciones sueltas bien intencionadas pero que resultan ingenuas frente a la complejidad de la situación, máxime ahora cuando hoy trabajar en esa dirección pone en peligro la vida de dirigentes comunales y personas colaboradoras.
Las amenazas de Trump, con desertificación anunciada, no deben llevar al país a seguir una ruta equivocada, que nos impediría superar el círculo maldito de narcotráfico, corrupción y muerte en que permanecemos sumidos.
