El proceso de paz ha sido uno de los hitos políticos más relevantes de Colombia, y ha sido un ideal por el que muchos nos hemos dejado llevar. 

Personalmente, deseo la paz y sé que viviría mucho más segura si tuviese claro que las amenazas a la seguridad están relacionadas con el accionar de grupos criminales más no de grupos terroristas. 

Además, sé que muchas personas están cansadas del conflicto armado y que así no estén de acuerdo con la mayoría de elementos propuestos y en discusión sobre este proceso de paz, están dispuestas a votar por el sí en unas urnas del hipotético referendo. 

Juan Manuel Santos ha embelesado a muchas personas y sectores de la opinión pública debido a que quiere solucionar el supuesto problema más grave que tiene la población colombiana actualmente, y ha tratado de convencer a los opositores –de cualquier orientación ideológica– de que va a ser el pilar de un nuevo país: Paz, equidad, educación. 

No obstante, lo cierto es que el Presidente no ha logrado meter todos los asuntos dentro del mismo saco y mucho menos ha podido darle de comer a su caballito electoral, el cual va perdiendo fuerza y se va desplomando a medida que pasa la carrera de la favorabilidad. 

Uno de los rubros más problemáticos del gobierno Santos es la salud: Miles de pacientes y trabajadores del sector de la salud viven la crisis día tras día, y las discusiones y altercados en los centros de atención hospitalaria son más frecuentes y graves con el transcurso del tiempo. 

Actualmente, los hospitales y clínicas no son recintos de silencio y calma en los que se busca la forma de aliviar las dolencias de las personas, sino lugares llenos de caos y anarquía donde las personas hacen lo que pueden.

Según la Ley 100 de 1993, “el aseguramiento en salud es el instrumento para alcanzar la cobertura de los servicios de la población”. 

Sin embargo, y al igual que en muchos otras políticas de Estado, la realidad no concuerda con la normatividad. 

En Colombia, la salud no funciona bajo los principios de universalidad, equidad, calidad y eficiencia debido a que los compromisos que ha pactado el Gobierno no se han cumplido. 

La salud no debería regirse por las condiciones de mercado y no debería ser el sector con mayores crisis y afectados el Estado, sino todo lo contrario, debería ser un derecho fundamental –en la realidad, no en el papel– y debería ser una máxima bajo la cual se generan políticas de inclusión, atención, prevención y bienestar humano. Esto no es posible debido a la precariedad de las condiciones en que se encuentran las entidades prestadoras de servicios. 

Las más de treinta EPS que funcionan en el país no pagan lo que deben y no proporcionan los medios para que puestos de salud, hospitales y clínicas funcionen a la mejor capacidad, y el Estado no les exige lo que se plasma en las normas: Que los costos de entrada y gastos fijos, como la infraestructura, instrumentos, personal e insumos hospitalarios no deben depender del mercado de la salud. Es ahí cuando el Estado falla en su misión de garantizar el acceso a los servicios de salud en toda la población.

No podemos esperar que la ciudadanía viva en paz cuando no se le están satisfaciendo sus necesidades básicas ni se le está cumpliendo lo que se le promete. El Estado tiene que dejar de poner tantas excusas para justificar su incumplimiento y falta de interés en la salud de los colombianos, y empezar a hacer paz desde los epicentros de conflicto ciudadano.  

Antes, en los decretos relacionados con la salud, se decía que no se podía garantizar el acceso total de la población a los servicios de atención y prevención en salud, debido a que había zonas afectadas por el conflicto armado en las que era imposible prestar los servicios. Ahora, si se acaba el conflicto y se ‘firma’ la paz, ¿a quién le van a echar la culpa por el detrimento de la salud de los colombianos? ¿Quién va a ser el responsable de que en departamentos como Guainía, Caquetá, Choco y Guaviare los pacientes no reciban atención necesaria? 

Yo me sumo a la campaña #SinSaludNoHayPaz de la Alianza de Clínicas y Hospitales 14+1, y apoyo a los médicos, camilleros, enfermeros y paramédicos en que deben garantizarse las condiciones de servicio y calidad en los centros de atención en salud, como condición necesaria para alcanzar la paz.