Los movimientos sísmicos casi siempre tienen efectos devastadores. Ese fenómeno terrestre alcanza proporciones de extensión y profundidad de extremo siniestro, que comprende la muerte de personas, la destrucción de las edificaciones, el destrozo de la naturaleza en diversos espacios y la acumulación desoladora de ruinas, entre las cuales quedan atrapadas víctimas, muchas veces sin posibilidad de rescate. A los sobrevivientes les corresponde padecer lo abismal de la tragedia y buscar el restablecimiento de cuanto se tenía, a partir de la incertidumbre. Es una desgracia ante la cual se requiere fortaleza y persistencia para no sucumbir definitivamente.
El terremoto del 10 de agosto en Colombia cubre una extensión considerable del territorio nacional y deja cuantiosas pérdidas de vidas humanas y de bienes que sustentaban la existencia de la comunidad en diversos sectores. Es alto el saldo de lo que se sucumbió en el remezón padecido. La reconstrucción impone una gestión oficial que cumpla con la exactitud exigida por la emergencia.
Afortunadamente, los colombianos han respondido con generosa compasión ante los efectos de tan desoladora tragedia. La contribución ha sido amplia en el suministro de alimentos, medicamentos y todo lo considerado básico para mitigar el sufrimiento de los damnificados.
En todas las regiones la gente ha entregado aportes a la medida de sus posibilidades. Los empresarios también han destinado recursos para atender las demandas surgidas. Los estudiantes han organizado legiones de ayuda. El personal vinculado a la salud también. Los miembros de la Fuerza Pública se han dedicado a prestar sus servicios para salvar o rescatar vidas. Desde el exterior han enviado valiosas ayudas. Y, en fin, cada uno busca participar en función de la cooperación que se requiere para hacer menos traumático el golpe telúrico padecido.
Hay un ánimo solidario generalizado y no es que esta fase lleve a la solución del desastre, pero sí es la demostración de un espíritu solidario, mediante el cual se puede avanzar en la recuperación que cubra las pérdidas ya acumuladas.
Lo que sigue es de cuidado. Y es la ejecución de todo lo que hay que hacer para reconstruir lo destruido. Le corresponde al gobierno obrar con responsabilidad y conocimiento para aprovechar al máximo los recursos destinados a restablecer, en la medida de lo posible, lo que el terremoto llevó a la ruina.
Los responsables de la ejecución de los planes dispuestos deben obrar conforme a lo que mejor resulte y no caer en improvisaciones inconvenientes.
Y debe quedar claro que la gestión oficial de las soluciones que se tracen no puede estar orientada por el cálculo del aprovechamiento político. La solidaridad con quienes la requieren debe estar exenta de explotación nociva. Nadie puede pasar una cuenta de cobro de alcance político por lo que debe hacer en cumplimiento de sus funciones legales.
Debe quedar claro que la solidaridad ofrecida ante la emergencia del terremoto no admite contraprestación. Esa cuenta de cobro sería una perversión y equivaldría a una degradación repudiable. No puede ocurrir tamaño desatino, con falta de ética y de dignidad, con el que se debe proceder en circunstancias tan deplorables.
Puntada
El proyecto de la Universidad de Atalaya en Cúcuta constituye un importante avance para el desarrollo regional y debe ejecutarse sin pérdida de tiempo. Positiva gestión del gobernador William Villamizar y del alcalde Jorge Acevedo.
ciceronflorezm@gmail.co
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