La noticia sobre la rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de la firma calificadora de riesgo Standard & Poor”s (S & P), dada a conocer el lunes de esta semana, fue recibida con cierta sorpresa por parte de las autoridades económicas del país. La rebaja de la nota abarca la deuda en moneda extranjera de largo plazo, la deuda en moneda extranjera de corto plazo y la deuda de moneda local de largo plazo. La misma medida fue aplicada a Ecopetrol.

Entre las causas de esta rebaja de calificación, según los analistas, están el bajo precio de las materias primas encabezadas por el petróleo, el débil crecimiento económico en 2017, los bajos resultados de la reforma tributaria de 2016, la deuda externa y el déficit fiscal. La deuda externa es de 124.770 millones de dólares, equivalentes al 40.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 72.772 millones de dólares son deuda pública y 51.998 millones corresponde al sector privado.  

Además de las anteriores causas están la corrupción, la incertidumbre que generan las elecciones del próximo año y las dudas sobre la capacidad del próximo gobierno para cumplir con la regla fiscal a partir del 2019.

La baja calificación de la deuda, deja a Colombia en el límite del grado de inversión, lo que representa un alto riesgo de caer al grado especulativo. Esta expectativa genera desconfianza internacional con la consecuente subida del precio del dólar, mayor pago de intereses por parte del país, aumento en los costos de las importaciones, recorte en los gastos por parte del Estado y más impuestos. Aquí se genera un efecto dominó, pues al afectar al sector empresarial y a las entidades bancarias, las consecuencias se hacen extensivas a toda la economía nacional. 

Esta situación representa un alto compromiso para el nuevo gobierno, pues de acuerdo a las observaciones de la firma calificadora, si en los próximos dos años el nivel de la deuda externa y el déficit bajan más de lo previsto, la calificación podría subir. Por esto, hay expectativa sobre las promesas de los políticos, quienes deberán explicar de dónde van a salir los recursos para el desarrollo de las obras prometidas, que no sean de nuevos impuestos.

Todo apunta a una nueva reforma tributaria.