El miércoles pasado salió una noticia en LA OPINIÓN, cuyo titular “paz versus legalidad preocupa a la Gobernación del Norte de Santander”, llama la atención inmediatamente. Y a contrario de lo que uno pensaría, que la preocupación del gobernador es que en nombre de la paz se pueda estar violando la legalidad del país, el Gobernador invitó a los secretarios de gobierno de los departamentos del país, a ver que como logran que el tema de la legalidad del actual gobierno no afecte los programas de paz de Santos. Es decir, lo legal no importa ante la paz, porque la paz es supranacional, que fue la consigna que usó el gobierno Santos para romper el orden constitucional colombiano, llegando a desconocer la voluntad popular con el apoyo de un Congreso enmermelado y unas Cortes politizadas. Y nuestro Secretario de Gobierno se queja que el gobierno nacional no acata la solicitud del ELN de negociar, bajo las condiciones de esa franquicia que hoy actúa como policía política interna de Maduro. No es raro oír que a nuestros mandatarios regionales les moleste la legalidad, y no solo en los temas de paz, pero hacerlo público y abierto es nuevo. Lo importante es que el actual gobierno regional muestra ejecutorias brillantes en el departamento, que nadie ve. Como dice el dicho, tras de cotudos, con paperas.
Pero esa teoría de la legalidad que incomoda a la paz, se extendió ahora a la minga indígena, quienes se autodeclaran un estado dentro del estado en igualdad de condiciones, sobre lo cual exigen cogobierno con el ejecutivo nacional, y buscan llevar al primer mandatario a su “territorio” para “juzgarlo”, así se corra el riesgo que “infiltrados” lo maten. Eso de la infiltración en un movimiento que exige apoyar a Maduro y no seguir un apolítica de reducción de cultivos de coca, es tan difícil de creer, como que el ELN tiene ánimos de paz. Y además la minga “auto-infiltrada” amenaza además de al presidente, con quemar Popayán. En realidad, no se sabe si el “estado indígena” le quiere declarar la guerra al estado colombiano, o si mejor quieren que en nombre de la paz les den todo lo que piden como sucedió con las farc, amenazando con la guerra. Tienen el mismo discurso de los que los están infiltrando. Lo que tienen claro es que quieren ser supranacionales.
Y también la que llaman “justicia transicional” exige, porque aquí todas las izquierdas exigen, que se les considere una justicia supranacional surgida de un acuerdo entre iguales, que no deben seguir el lineamiento constitucional sino solo los acuerdos. Eso es lo que ellos llaman democracia. Ya salieron las farc “legales” a atacar que la Comisión de Acusaciones investigué a la presidente de la JEP, supongo que considerando que como eso no está en los acuerdos, los magistrados de la JEP no pueden ser tocados por el estado colombiano, aunque éste sí debe darles toda la plata que exijan. También la JEP apunta a ser supranacional.
Por ese camino quieren cambiar las políticas que fija el actual gobierno, los inocentes estudiantes universitarios, el sindicato de maestros, y otros grupos más de la “sociedad civil”, otra terminología que la extrema izquierda utiliza para referirse a sus grupos de choque en la “lucha popular” por el poder. Y claro cuentan con medios de comunicación, magistrados y burócratas de organismos multinacionales para que sigan diciendo que el estado sólo busca reprimir el “malestar social” y “destrozar la paz”. Esos grupos de la sociedad civil, como se vió, en las mingas cuentan con explosivos como “forma de expresión” de su descontento. Y empezó a hablar de nuevo el Nobel, “instigando” a que se defienda su legado, en particular ese que establece que la legalidad estorba a la paz, como diría nuestro brillante gobernador.
Creo que es hora que el gobierno nacional responda a las declaraciones de guerra, con ropajes de paz, que hoy le hacen todos los que aspiran a ser sistemas supranacionales utilizando el presupuesto nacional. Y tal vez, en el fondo tengan razón los que ven una dialéctica entre legalidad y paz, y que la realidad que dejo el señor Santos sea contraria a la búsqueda de legalidad, que conlleve a la re-institucionalización del país, requisito indispensable para que no lleguemos a ser un estado fallido como Venezuela. El tema lo puso el gobernador de Norte de Santander; ¿será iniciativa propia?
