El contralor Oscar Sandoval, elevó solicitud “exigencia”, al gobernador Silvano Serrano para que, bajo el principio Constitucional “Verdad sabida, buena fe guardada” procediera a suspender de sus funciones al alcalde de Cúcuta en forma temporal mientras culminan las investigaciones, fiscales, penales y disciplinarias que se le siguen.
Esta norma constitucional, determinada en su artículo 268 numeral 8, es una posibilidad legal otorgada al Órgano de Control Fiscal, contenida en el Estado Social de Derecho como un precepto dirigido a salvaguardar el patrimonio público, de una manera ágil y eficiente, que debe respetar las garantías constitucionales y legales al debido proceso y a la defensa.
La jurisprudencia señala: “Debe contar con razones sólidas y evidencias razonables para establecer que la permanencia de un funcionario en el cargo afecta el desarrollo de una investigación, obstaculiza la fiscalización o compromete aún más el patrimonio del Estado, puede exigir la suspensión inmediata y temporal del servidor público investigado.
El Contralor previamente tuvo que iniciar el proceso o investigación de manera que obtenga suficientes elementos de juicio para imponer dicha medida cautelar”
Rememoro, cómo siendo contralor del departamento, se me insistió por parte de algunos malquerientes del gobernador de la época, Luis Miguel Morelli, para que hiciera uso de la figura “verdad sabida, buena fe guardada” y exigiera la suspensión del mismo, al presidente de la República, petición absurda que no respaldé por cuanto no conté con suficientes elementos de juicio para hacerlo. De haberlo hecho, en estos momentos estuviese, condenado o defendiéndome todavía en los tribunales.
Esperando que el contralor Sandoval, cuente con todos los elementos de juicio exigidos para haber tomado tan delicada decisión. Contrario sensu, responderá personalmente en todas las instancias que la ley lo permitan.
Lo que, si se evidenció, fue la soberbia con la que el alcalde salió a rechazar la solicitud de suspensión, fuera de contexto, de sindéresis, las emociones lo enceguecieron; un tema para tratar jurídicamente, lo quiso desviar a un asunto netamente político, llegando a pedirle al gobernador que prevarique, haciendo caso omiso a la exigencia del contralor y de pasa palo, terminó recusándolo, buscando dilatar una medida que es de forzoso cumplimiento. Mal, muy mal.
Ahí están las consecuencias, de desconocer olímpicamente al órgano de control municipal, vaciándola en sus funciones, al desviar todos los recursos de inversión al Área Metropolitana, no fiscalizada por la contraloría municipal, en detrimento de los recursos por recaudo en estampillas de procultura y bienestar del adulto mayor a favor de las oficinas de Cultura y Bienestar Social.
En las últimas horas se conoció que la Contraloría General de la República por petición del señor alcalde, asumió el control fiscal posterior excepcional, apartando a la contraloría municipal del conocimiento de todos los procesos y actuaciones que dieron origen a la solicitud de suspensión, previéndose en forma inmediata, que la misma Contraloría General revocará la exigencia surtida ante el gobernador del departamento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Será?
