El Congreso Nacional de Minería que se celebró esta semana en Cartagena es una demostración positiva de que Colombia es posible dialogar en forma civilizada en medio de la diferencias y se pueden abrir espacios de concertación, incluso cuando parece imposible acercar posiciones. Salí optimista de ese encuentro. Tal vez no hay un sector más alejado de las posturas políticas e ideológicas del nuevo gobierno que el que representan la minería y el petróleo. En la pasada campaña el presidente Petro nunca escondió sus ideas en torno a la necesidad de acelerar la transición energética en el país y hasta anunció que a partir del 7 de agosto se suspenderían las exploraciones de petróleo, gas y carbón. Fue una propuesta de campaña que atrajo muchos votantes, especialmente en los jóvenes que tienen claros los nefastos efectos del cambio climático. Hoy tenemos una juventud comprometida a fondo con un modelo de vida más sano, en un entorno ambiental sostenible.

Es entonces enorme la distancia que existe entre mineros y petroleros con la agenda del gobierno. Sin embargo, en el Congreso se encontraron las principales compañías del sector, gobernadores, alcaldes, comunidades, gremios, académicos y funcionarios del más alto nivel del gobierno, para debatir sobre el futuro del sector. En forma respetuosa y cordial las ministras de Minas y Ambiente, y el propio Presidente de la República, tuvieron la oportunidad de exponer con franqueza sus ideas sobre la que debe ser la agenda oficial en estos temas y, al mismo tiempo, el presidente del gremio y los empresarios expusieron con cifras sus razones para insistir en la responsabilidad social y ambiental que tienen con los territorios y la importancia que tiene esta actividad en términos de crecimiento económico, exportaciones, empleo y desarrollo regional.

El primer consenso al que se llegó es el de la necesidad de avanzar en la transición energética de Colombia, sin olvidar que debe acompañarse de una necesaria transición productiva, fiscal y exportadora. Las cifras no mienten. Hoy nuestras cuentas fiscales y la balanza de pagos dependen en exceso de los ingresos por petróleo y carbón y por ello debemos reflexionar sobre la necesidad de una transición organizada en la que a través de distintas políticas de estado podamos disminuir en el menor tiempo posible esa dependencia y encontrar en el desarrollo agrícola, la agroindustria y el turismo fuentes de empleo y de divisas sustitutas. Además, en la interesante clausura del Presidente, envió un mensaje enfático en que su interés no era acabar la minería pero si transformarla. Señaló como el país tiene gran potencial en cobre, níquel y otros minerales, que serán esenciales para avanzar en la construcción de capacidad instalada en energías limpias como la eólica o la solar y además para mejorar la producción de fer
tilizantes para el campo que debemos poner a producir mucho más.

Este ejercicio de diálogo en un escenario gremial, la posibilidad de impulsar diálogos territoriales por ejemplo en el Valle y el Cauca entre indígenas, afros, campesinos, propietarios de las tierras y los ingenios azucareros para discutir sobre la mejor forma de desarrollar las tierras, los diálogos humanitarios que se plantean en la reforma a la ley 418 y los propios escenarios de discusión regional entre las diversas fuerzas sociales y económicas alrededor del plan de desarrollo, muestran una explosión de diálogo en Colombia que puede arrojar resultados muy positivos para los territorios. 

Lo que vimos estos dos días en Cartagena es un buen ejemplo que se debe replicar en las próximas semanas en las discusiones sobre reforma tributaria, plan de desarrollo y paz. Siempre será mejor escucharnos y buscar acuerdos, incluso para definir como se tramitan desacuerdos. 

Si logramos que ese espíritu de respeto en la contradicción se extienda por todo el país, seguro avanzaremos en la solución de los graves problemas que nos afectan. Encontraremos salidas conjuntas que nos beneficien a todos.