Hay que reconocer que los confinamientos ordenados para tratar de contener la propagación del Covid19 nos ha dejado la peor crisis económica de nuestra historia, que perdimos el 6,8% del PIB, que el desempleo se trepó al 15,9% y que hoy dos de cada cinco colombianos está en la pobreza.
Acá está la justificación fundamental de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno: la búsqueda de recursos para mantener programas creados con la emergencia como Ingreso Solidario y dar incentivos como la educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3.
Si de lo que se trata es de superar la pobreza, lo que muestran la historia y la mirada a los países que han conseguido de mejor manera ese objetivo es que el camino correcto no es el de los subsidios y el asistencialismo sino el de la apuesta por el crecimiento y la generación de empleo. Y la reforma va en contravía de esos objetivos. Por un lado, la sola discusión sobre nuevos impuestos genera incertidumbre y frena la inversión interna y foránea, indispensable para crecer. Por el otro, más impuestos para empresas e individuos que apenas empiezan a levantar cabeza después del palazo del año pasado solo devendrá en más quiebras y más desempleo. Este no es el momento. Tercero, excepto por los recursos para el PAEF, los auxilios a la nómina, la reforma va en la línea de más subsidios. La propuesta de que el Estado asuma los aportes de seguridad social cuando se contraten jóvenes de entre 18 y 28 años muestra buena voluntad, pero al sujetarla a que la contratación sea por cinco años quedará como un canto a la bandera. Cuarto, el IVA al internet, a los combustibles, a los servicios públicos, la eliminación de la categoría de bienes exentos castigan la productividad y aumentarán el costo de vida. Quinto, extender y aumentar el impuesto al patrimonio, además de que es una prueba más de que en Colombia todos los impuestos temporales se vuelven permanentes, ataca el ahorro y es confiscatorio. El patrimonio es el resultado del ahorro de las personas naturales y jurídicas, es lo que les queda después de pagar impuestos, y es la fuente de ingresos que a su vez generan la renta. Los bienes patrimoniales que no producen renta pagan otros impuestos, como el predial. Sexto, más impuestos solo constituyen un incentivo perverso para la informalidad que antes de la pandemia ya era del 48,5%, porque aumenta el costo de formalización.
La reforma busca recaudar 23.4 billones, el mayor monto del que yo tenga memoria. Ocurre que ahora mismo ya están: de la venta de ISA deben entre alrededor de 12.8 billones, 6.6 billones de utilidades del Banco de la República, y entre 4 y 5 billones por impuestos, transferencias y regalías del sector de hidrocarburos por mayor precio del petróleo este año, sin contar el mayor recaudo de la DIAN, que viene haciéndolo muy bien, en su lucha contra la elusión y la evasión.
En Hacienda, sin embargo, sostienen que esos ingresos no son sostenibles. Y tienen razón. Pero si vamos a hablar de recaudos sostenibles antes hay que discutir sobre la naturaleza y calidad del gasto público, sobre ahorro y austeridad y esa discusión no se está teniendo.
