No hay duda, ha sido tal vez el año más difícil para la administración de justicia en el país, sobre todo porque se ha afectado de manera grave su legitimidad, entendida esta como la credibilidad que el ciudadano común y corriente tiene en sus instituciones. Y no es que la eficacia de las instituciones colombianas (el congreso, la justicia, el ejecutivo, la procuraduría, la contraloría etc.) haya sido percibida por la ciudadanía lo largo de estos 207 años de proyecto de Estado en niveles altos, sino que precisamente por esa falta de eficacia, la credibilidad en el estado colombiano en su conjunto ha sido siempre pobre, incluido en el nivel internacional, como sucede a la mayoría de los estados latinoamericanos.
Pero hay que hacer justicia a la justicia. Una cosa es que algunos funcionarios importantes de la justicia estén siendo cuestionados por conductas personales, por las que deben responder, como todo servidor público o como cualquier ciudadano cuando incurren en conductas ilícitas y otra cosa diferente es sin duda la mayoría de fiscales, jueces y empleados correctos que día a día, en silencio, en medio de dificultades y limitaciones de orden presupuestal, trabajan muchas veces en horarios extendidos, sin reconocimiento de horas extras y sin que su trabajo sea conocido.
Colombia tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes y el estándar internacional según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 65. Por razones de presupuesto estamos lejos de la media internacional, con el agravante de que la ubicación geográfica de muchos de los juzgados existentes no es la mejor y esto en parte por las consabidas razones históricas de orden público que no han permitido la presencia de fiscalías y juzgados en zonas alejadas de las ciudades o poblaciones grandes.
La ciudadanía tiende a asociar el concepto de concepto “justicia” solo con el tema de la criminalidad, las penas y las cárceles, por eso el espacio que se reserva en los periódicos a la llamada “página roja”, sin embargo en Colombia, con todos sus problemas, aproximadamente el 25% de los casos judiciales son penales o criminales (en Estados Unidos el 44%), los casos civiles (sobre contratos, conflictos sobre bienes, etc.) son el 31% aproximado, los conflictos administrativos un 20%, laborales 10%, de familia 7% y otros 7%.
Lo anterior significa que un 75% del trabajo que hace la justicia en Colombia, no tiene que nada qué ver con la labor de la fiscalía ni con la de los jueces penales, que generalmente es sobre lo que publican los medios todos los días y que muchas veces tiene que ver con la corrupción (concepto tan amplio como vago). Aunque parezca raro, las soluciones judiciales a los conflictos sobre contratos civiles, contratos laborales, despidos injustos o justos, problemas sobre bienes inmuebles o muebles, exigencia de obligaciones civiles, conflictos médicos, sucesiones, temas de seguros, problemas entre comerciantes y un etcétera bastante largo, constituye el trabajo diario de las tres cuartas partes de los jueces y empleados, y de ese trabajo ni se habla ni se discute en la prensa, no solo porque así debe ser, es decir, porque son temas que generalmente incumben a las partes y al juez, pero también, porque usualmente no es atractivo para la gente. No obstante es un trabajo material, muchas veces extenuante, porque cada vez es mayor el volumen de la conflictividad social y porque cada vez son menores los recursos del Estado para mejorar el factor humano y material en los diversos juzgados. Aunque no todo está bien, no todo está mal en la justicia.
