La reforma a la Ley de Víctimas que presentó el Centro Democrático acabaría, para todos efectos prácticos, la restitución de tierras. Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, más de 300.000 hectáreas regresaron a manos de sus legítimos propietarios. A la fecha, los jueces tienen en sus despachos 700.000 reclamaciones pendientes que deben ser resueltas en el próximo año. Esta política de restitución a los campesinos despojados es hoy ejemplo a nivel mundial y constituye un acto de justicia con los cientos de miles de familias campesinas despojadas, tanto por los grupos guerrilleros como por los paramilitares.

Esta decisión, que es, además, una obligación ética, tuvo gran debate al momento de su aprobación en el Congreso de la República. Se pisaron callos cuando se rompieron paradigmas al definir que se restituiría aún en medio del conflicto armado. La tarea de la Unidad de Restitución de Tierras ha sido excepcional. Le han surgido poderosos enemigos. Los grupos ilegales que quieren perpetuar el despojo han acudido a las amenazas y los asesinatos contra líderes sociales que luchan por su derecho a la tierra que les pertenece.

Desde la legalidad, también esta política ha tenido fuertes contradictores en el Centro Democrático que desde hace años intentan una contrarreforma para acabar con la restitución de tierras. Vuelven nuevamente a la carga con un proyecto aún más agresivo contra las víctimas del despojo.

En primer lugar, eliminan el principio de la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima, sin el cual la ley 1448 se convierte en letra muerta. Un desplazado no tendrá ninguna posibilidad de acceder a la justicia transicional para que sus derechos sean restablecidos.

En segundo término, incluyen el principio de la “buena fe exenta de culpa” en favor de los terceros. Se parte así de la premisa que toda compra de predios que se efectúe sobre tierras objeto de despojo anterior se hizo de buena fe. No será el tercero el que deba demostrar que adquirió de buena fe como se exige actualmente, sino la víctima deberá probar que el tercero compró a sabiendas que eran tierras despojadas. El mundo al revés al dejar a la víctima en desequilibrio frente a los propietarios o tenedores. Las normas actuales han permitido que el Estado proteja los derechos de los terceros mediante una compensación económica cuando demuestran en el proceso su buena fe. 

No contentos con esta desfiguración de la ley, se crea una segunda instancia con el propósito de dilatar cualquier decisión final sobre un predio presuntamente despojado a los campesinos.

En fin, se trata de un grave retroceso en materia de derechos de las víctimas en Colombia que debe ser rechazado por los miembros del Congreso que aprobaron con su voto la Ley 1448. Todas estas modificaciones planteadas en el proyecto fueron discutidas en su momento y se decidió no acogerlas precisamente porque harían imposible una verdadera política de restitución de tierras.  Se intenta nuevamente introducirlas con lo que se estaría lanzando un misil contra miles de familias que están esperando que los jueces fallen procesos que ya tienen en sus manos con base en la normatividad actual. Se pretende modificar las normas, cambiar las reglas de juego y afectar gravemente la seguridad jurídica, para impedir que los jueces fallen en derecho sobre las 700.000 hectáreas pendientes de restitución.

Sería una nueva victimización a los campesinos despojados que en nada contribuiría a la reconciliación nacional. Un Estado, con la historia de despojo violento por parte de los grupos irregulares como la tiene el nuestro, tiene que ubicarse con claridad del lado de las víctimas para garantizar su reparación. Eso fue lo que se hizo hace siete años con la expedición de la Ley 1448 que ahora pretenden sepultar.